martes, abril 25, 2023

Lo que Notimex debió ser


Lo que Notimex debió ser

Las mañaneras pueden fácilmente reemplazar a Notimex, porque para López Obrador ninguna información que no sea propaganda por su Gobierno es válida




MARÍA LOURDES PALLAIS
22 ABR 2023 - 04:15 CST
La agencia Notimex, que está a punto de desaparecer por una decisión irresponsable del presidente Andrés Manuel López Obrador —quien habla desde el hígado, sin considerar los procesos legales—, pudo haber sido lo que América Latina siempre ha necesitado. Un medio de información pública con enfoque latinoamericano.
Notimex fue fundada en 1968, cuando México no vivía en democracia y no existía la inmediatez de las redes sociales, pero no por ello hoy, 55 años después, ha perdido su razón de ser. Se trataría de cambiar de tajo su modelo de negocio y su perspectiva informativa. No es tarea fácil, por supuesto y en este momento, la empresa carece de las condiciones para sobrevivir, menos para mejorar la calidad de sus servicios informativos.
Para López Obrador, quien está en campaña desde que llegó a la presidencia, Notimex es un estorbo. Su único interés es que los recursos presupuestales de los medios públicos sean utilizados para que su Cuarta Transformación se mantenga en el poder.
Desde su creación, la agencia funcionó principalmente como vocera del Gobierno. Con altas y bajas en calidad y oportunidad, nunca logró levantarse de sus defectos de origen. Siguió bajo el caudillismo de un sindicato corrupto —cuya potestad llegó al punto de que a veces el líder Conrado García Velasco tenía más poder que el director general de la empresa—, presa de muchos casos de censura e incluso de autocensura.
A pesar de todo ello, hasta hace unos pocos años, su estructura periodística se mantuvo incólume y capaz de mantener su presencia como una agencia con enfoque latinoamericano e incluso con el potencial de destacar por encima del griterío de las redes sociales. Para mediados del siglo pasado, cambiar su nombre (la marca Notimex ya estaba desgastada) habría sido el primer paso para convertirse en una cooperativa de noticias profesional e independiente, sin fines de lucro, con capacidad de contar y ofrecer, en diversos formatos de calidad, las historias de América Latina desde México, así como elaborar trabajos de investigación multimedia tanto en México como en el extranjero.
Pero el México donde nació nunca fue su mejor aliado. Ni antes del caos cibernético ni ahora con la competencia de sus rivales extranjeros que han sabido sobrevivir a nivel global e incluso convertirse en las fuentes de información mayorista preferidas entre nuestros lectores. Me refiero a AFP, EFE, Reuters y por supuesto Associated Press.
Cuando López Obrador, después de más de tres años de ignorar los choques entre la directora Sanjuana Martínez y la reportera Adriana Urrea al frente del sindicato que heredó de García Velasco, anunció que la agencia debía desaparecer, el presidente dejó claro que para él, la información solo es importante mientras salga de su boca, en sus mañaneras. Y más en épocas electorales.
El conflicto rebasó a Martínez y Urrea. Lo de fondo siempre ha sido que al presidente nunca le interesó Notimex. López Obrador siempre ha tenido sus obsesiones y Notimex nunca fue una de ellas, como tampoco son los medios públicos.
Con la desaparición de Notimex, México va a perder la oportunidad de tener una agencia de noticias independiente con una red de corresponsales locales y extranjeros que ofrezcan una visión latinoamericana de las noticias. Y ojo, la agencia también ha sido vital para decenas de medios en provincias sin capacidad económica de contratar corresponsales en la Ciudad de México, en el resto del país y mucho menos en el extranjero. Con Notimex, tenían acceso a información de primera mano sobre los intereses del país dentro y fuera de sus fronteras.
En los años 80, a pesar de ser en ese entonces un medio oficial, durante las guerras en Centroamérica que para México fueron un asunto de seguridad nacional, Notimex estuvo a la vanguardia de la información a nivel global. Tenía un excelente equipo de periodistas cubriendo esas historias y la agencia dejó una huella.
A principios de los años 90, como subdirectora a cargo de los corresponsales en el extranjero, me tocó trabajar con excelentes periodistas como Eduardo Porter, ahora del New York Times; Ricardo Alday, ahora Senior International and Government Relations Consultant en Washington D.C.; Emilio Aliaga, Vicepresidente de Contenido Digital de Univision Communications y muchos otros que hoy suman 20 dispersados por el mundo. Afortunadamente, la mayoría ha logrado ubicarse, con éxito, en otros espacios fuera de México.
Como agencia de gobierno, los recursos económicos entonces llegaban de la Secretaría de la Gobernación y, a pesar de que los despachos de los corresponsales en el extranjero no eran boletines, la percepción de muchos lectores y clientes era que la información era la oficial, no objetiva.
En 2006, la agencia se convirtió en una agencia de Estado. Un año después, fui nombrada directora de noticias internacionales. Según lo que recuerdo, la primera gran diferencia fue que los recursos ya no llegaban de Gobernación sino de Hacienda. El contrato de los corresponsales internacionales siempre fue leonino, pero Gobernación se encargaba de darles bonos y pagarles un viaje a México una vez al año. Bajo Hacienda, todo eso desapareció y encima, era mucho más complicado aprobar presupuestos para coberturas internacionales. En el caso de la censura, solo los profesionales la ignoraron pero los despachos “delicados” en general eran revisados por los directores.
Hoy, bajo el Gobierno personalista de López Obrador, para cerrar la agencia el Congreso tendrá que abrogar la ley que la convirtió en Agencia de Estado, pero el Senado, de mayoría morenista, seguramente no tendrá problema alguno en hacerlo.
La agencia tiene muchos obstáculos y quizás por eso, la mayoría de los opiniólogos mexicanos han optado por ignorar la gravedad del cierre. Como a López Obrador no le interesan los medios públicos, las mañaneras pueden fácilmente reemplazar a Notimex, porque para él, ninguna información que no sea propaganda de su Gobierno es válida.
Notimex, como México, ha cambiado por etapas. Hoy, está a punto de morir de la mano de un presidente muy popular pero, lamentablemente, también muy ignorante en estos temas.

domingo, febrero 05, 2023

López Obrador "se aprovecha" de Castillo, denuncian en Lima




Con la crisis política peruana el presidente mexicano “jala agua para su molino” en su carrera para erigirse como líder de América Latina, adelantando –por ahora– al presidente electo de Brasil, Lula da Silva, advierten políticos y diplomáticos del país andino. En entrevistas con Proceso, aseguran que la crisis diplomática causada por Andrés Manuel López Obrador ha dividido el bloque antes unido en la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional conformada por Perú, México, Colombia y Chile.

LIMA, Perú (Proceso)— Mientras México se mantenga vivo en la imaginación popular de Perú y en el bolsillo de sus empresarios del sector minero, el “colapso social” de la nación andina –tras un fracasado autogolpe de Estado– servirá de plataforma al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para ganarle a Brasil el liderazgo en América Latina.

Si bien la mayoría en Perú coincide en que el mandatario mexicano se equivoca si piensa que en el depuesto presidente Pedro Castillo descubrió la reencarnación de Emiliano Zapata y Pancho Villa, pocos advierten que López Obrador se ha ubicado, al menos por ahora, por delante del gigante sudamericano en la región, al romper con su bullyíng una larga tradición de respeto hacia los asuntos internos del país andino. 

“Lula (da Silva) debe estar furioso” con su par mexicano porque la polarización, que se ha salido de control en Perú tras la ola de enfrentamientos violentos, con un saldo de unos 30 muertos, ha sido la oportunidad de oro para que López Obrador captara la atención mediática y se proyectara como ‘el defensor’ de un campesino de Cajamarca que llegó a la presidencia por serlo”, asegura Hugo Otero Lanzarotti, comunicador aprista (del partido Aprista Peruano) vinculado al sector de izquierda de ese organismo político.

En Perú la mayoría ha criticado a AMLO por el puesto que parece haberse ganado en América Latina ante los ojos de las clases populares, cuya simpatía se disputa con su colega brasileño Lula. Alberto Otárola, recién nombrado primer ministro del país andino, acaba de pedirle a López Obrador que pare “su incesante intromisión en los asuntos internos de Perú”, solicitud que el mandatario mexicano hasta ahora ha ignorado. Todos le piden lo mismo.

El choque con el gobierno de López Obrador disparó las alarmas en el reciente gobierno de Dina Boluarte y la obligó a crear una suerte de gabinete de crisis de relaciones exteriores. Un grupo de veteranos diplomáticos, que ya ha operado en ocasiones anteriores, al parecer acudió al auxilio de la canciller actual, Ana Cecilia Gervasi –a quien consideran inexperta–, para tripular la nave en el momento de tempestad.

Se trataría del mismo grupo que, en su momento, desbarató los planes de Evo Morales, quien buscaba fundar una confederación andina en Cusco, y de los mismos gestores del Grupo de Lima, conformado por 14 países, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Perú, cuya meta es dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana en la búsqueda de una salida pacífica a su crisis interna.

“Nadie entendía por qué López Obrador decía lo que le daba la gana y nadie reaccionaba en Perú”, señala un integrante de ese grupo que parece querer bajarle la dimensión al enfrentamiento actual entre el gobierno peruano y el mexicano, alegando que “no es una crisis diplomática bilateral” –aunque a todas luces lo sea–, de acuerdo con la fuente que solicitó el anonimato.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2409 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 1 de enero de 2023. 

jueves, febrero 02, 2023

Reflexiones sobre Nicaragua después de 2018 y sobre el asesinato de mi hermano Marcel

 


Muchos de los nicaragüenses que hoy odian todo lo que huele a sandinismo porque lo asocian al ahora gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, poco conocen los detalles de las historias y dramas -heroísmos incluidos- de quienes, como ellos, los críticos de ahora, pelearon con pasión y sin condiciones contra el status quo pre-sandinista, es decir el somocismo.

 

Aquella saga de soñadores empezó a gestionarse el 22 de agosto de 1978, cuando un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asaltó al Palacio Nacional y secuestró a funcionarios claves del gobierno de Anastasio Somoza Debayle, incluyendo a un primo hermano, Luis Pallais Debayle, hermano menor de mi padre y entonces presidente del Congreso.

 

El FSLN dejó ese día una huella que parecía indeleble en América Latina. Los movimientos insurgentes de carácter social y antimilitar –reprimidos y doblegados tras décadas de lucha con pocos éxitos- no habían tenido una saga parecida. Tras un espectacular tiroteo con la Guardia Nacional, en el que resultaron muertas cuatro personas, los sandinistas exigieron como condición para la liberación de los rehenes la libertad de todos los presos politicos, su traslado por avión a México, Venezuela y Cuba y diez millones de dólares.

 

Lo lograron todo. El mundo entero celebró la gesta. El FSLN había logrado unir a las izquierdas y las derechas del siglo XX.  No fue poca cosa.

 

En Nicaragua por supuesto, el encanto de la mayoría también fue fulminante. Miles, de todos los signos políticos y clases sociales, se unieron a aquel movimiento abrumador liderado por guerrilleros que, tras un pasado marxista, agruparon entonces a casi toda la oposición activa al régimen del entonces odiado dictador Somoza DeBayle, cuyo padre había sido calificado por Estados Unidos como “a son of a bitch but our son of a bitch”.

 

Mi hermano Marcel, militante sandinista e idealista hegeliano de 24 años y sobrino de Anastasio Somoza DeBayle, fue uno de miles que respondieron a aquel llamado de sirena. El encantamiento duró poco. Fue asesinado en Managua el 4 de octubre de 1979 en circunstancias hasta hoy misteriosas.  

 

Yo vivía en Nueva York entonces pero no –como lee un reportaje publicado en Magazine de La Prensa- porque estaba huyendo de la revolución sandinista que triunfó en Nicaragua en 1979. Todo lo contrario. Vivía ahí desde mucho antes porque opté por ser libre de mis ataduras familiares en Nicaragua, las mismas que, en mi opinión, terminaron matando a mi hermano, lo haya asesinado quien haya tenido esa osadía.

 

Porque, como mi hermano –aunque nunca con su entrega-, yo simpatizaba con los sandinistas de entonces. ¿Quién no? Quizás solo los que se refugiaron en Estados Unidos después del llamado triunfo del FSLN en julio de 1979.

 

Los nicaragüenses que hoy odian todo lo que huele a sandinismo porque lo asocian con el ahora gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, poco conocen los detalles de las historias y dramas -heroísmos incluidos- de quienes, como ellos ahora, pelearon con pasión y sin condiciones contra el status quo pre-sandinista.

 

Aquella saga de soñadores se gestó el 22 de agosto de 1978, cuando un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asaltó al Palacio Nacional y secuestró a funcionarios claves del gobierno de Anastasio Somoza Debayle, incluyendo a un primo hermano, Luis Pallais Debayle, hermano menoe de mi padre y entonces presidente del Congreso.

 

El FSLN dejó ese día una huella que parecía indeleble en América Latina. Los movimientos insurgentes de carácter social y antimilitar –reprimidos y doblegados tras décadas de lucha con pocos éxitos- no habían tenido una saga parecida. Tras un espectacular tiroteo con la Guardia Nacional, en el que resultaron muertas cuatro personas, los sandinistas exigieron como condición para la liberación de los rehenes la libertad de todos los presos politicos, su traslado por avión a México, Venezuela y Cuba y diez millones de dólares.

 

Lo lograron todo. El mundo entero celebró la gesta. El FSLN había logrado unir a las izquierdas y las derechas del siglo XX.  No fue poca cosa.

 

En Nicaragua por supuesto, el encanto de la mayoría también fue fulminante. Miles, de todos los signos políticos y clases sociales, se unieron a aquel movimiento abrumador liderado por guerrilleros que, tras un pasado marxista, agruparon entonces a casi toda la oposición activa al régimen del entonces odiado dictador Somoza DeBayle, cuyo padre había sido calificado por Estados Unidos como “a son of a bitch but our son of a bitch”.

 

Mi hermano Marcel, militante sandinista e idealista hegeliano de 24 años sobrino de Somoza DeBayle, fue uno miles que respondieron a aquel llamado de sirena. El encantamiento duró poco. Fue asesinado en Managua el 4 de octubre de 1979 en circunstancias hasta hoy misteriosas.  

 

Yo vivía en Nueva York entonces pero no –como lee el reportaje en Magazine de La Prensa- porque estaba huyendo de la revolución sandinista que triunfó en Nicaragua en 1979. Todo lo contrario. Vivía ahí porque opté por ser libre de mis ataduras familiares en Nicaragua, las mismas que, en mi opinión, terminaron matando a mi hermano.

 

Porque, como mi hermano –aunque nunca con su entrega-, yo simpatizaba con los sandinistas de entonces. ¿Quién no? Quizás solo los que se refugiaron en Estados Unidos, incluyendo los familiares cercanos de Somoza Debayle, entre quienes estaba mi propio padre. 

  

Ante la noticia del asesinato de mi hermano, el 5 de Octubre de 1979, viajé a Nicaragua desde Nueva York donde vivía. Lo encontraron muerto, me dijeron –ajusticiado, en un predio en Managua- menos de tres meses después del triunfo de la Revolución Sandinista en la que él creyó y la que apoyó aunque se mantuvo leal a mi padre.

 

Hasta el día de hoy, casi 40 años después, no está claro quién lo asesinó. El dolor que produce no saber quien lo mató lo he superado, hasta cierto punto. Pero mis padres murieron sin saber a ciencia cierta quien fue la mano que le quitó la vida y porqué lo hizo. Claro, ambos tenían  teorías.

 

Mi madre, quien falleció en 2006, nunca se recuperó de esa tragedia. No tengo claro quien fue el responsable para ella, sospecho que culpaba a los “sandinistas”. Lo que sí recuerdo es que cuando llegó a Managua para el funeral, un par de policías jóvenes le demostraron como habían matado a su hijo y ella, no aguantó mas. Y nos tuvimos de que ir de Managua. Todo fue demasiado para ella. Ya había escuchado a Tomas Borge en el entierro de su hijo vociferar: “Marcel fue como una flor limpia en el zacate sucio”.

 

Mi padre, separado de mi madre cuando mataron a Marcel, tampoco superó esa pérdida. Para él, Marcel era un genio, el perfecto, al que debió darle mas atención. Solo le faltó creerlo santo pero no estuvo lejos. Y para él, los sandinistas fueron los responsables de su asesinato, igual que para mi hermano Noel. Solo mi hermana Desirée y yo desconfiamos de las versiones que siempre han circulado.

 

Es decir, no hubo juez ni jurado ni fiscalía encargada de investigar y encontrar al culpable. En la Nicaragua sandinista de entonces luego de su triunfo, la verdad oficial era una. La que circulaba el gobierno. Y era la versión que nosotros los periodistas, citábamos en nuestros despachos.

 

Hoy, el responsable del asesinato de mi hermano sigue siento un misterio. ¿El Chino Negro (versión sandinista)? ¿Un comandante sandinista porque se enteró que Marcel sabía que los sandinistas –no Somoza Debayle- mataron a Pedro Joaquín Chamorro? Nunca lo sabremos a ciencia cierta en mi opinión.

 

Y ese misterio me recuerda a los asesinatos del 2017. Aunque por supuesto, en el caso de los asesinados entonces (las cifras varían), hay evidencia de la CIDH y del GIEI de que la mayoría fueron víctimas de la violencia estatal, policial y/o para militares. El gobierno nicaragüense tiene otros datos que hacen colisión con esos, lo que no sorprende.

 

En el caso del asesinato de mi hermano, la única versión difundida de manera amplia fue la oficinal ---es decir, la del gobierno sandinista.

 

Pero la otra versión –que lo mataron porque había obtenido información de los asesinos de Pedro Joaquín Chamorro, en la que ellos aseguraban que detrás del asesinato estuvo la mano sandinista- es la que los que desconfían de los sandinistas sostienen. Era la versión que defendió mi padre hasta su muerte.

 

Pienso que los nicaraguenses deben de exigir –instaurar, promover, crear- un poder judicial, un sistema legal independiente, soberano, no partidista que NO permita mas impunidad.  Una comisión de la verdad urge. Que no haya más asesinatos que queden en el misterio. Que eso sea cosa del pasado. Y esa es una asignatura pendiente para cerrar heridas aún abiertas.

 

 

 

 

 

 

En Nicaragua por supuesto, el encanto de la mayoría también fue fulminante. Miles, de todos los signos políticos y clases sociales, se unieron a aquel movimiento abrumador liderado por guerrilleros que, tras un pasado marxista, agruparon entonces a casi toda la oposición activa al régimen del entonces odiado dictador Somoza DeBayle, cuyo padre había sido calificado por Estados Unidos como “a son of a bitch but our son of a bitch”.

 

Mi hermano Marcel, militante sandinista e idealista hegeliano de 24 años sobrino de Somoza DeBayle, fue uno miles que respondieron a aquel llamado de sirena. El encantamiento duró poco. Fue asesinado en Managua el 4 de octubre de 1979 en circunstancias hasta hoy misteriosas.  

 

Yo vivía en Nueva York entonces pero no –como lee el reportaje en Magazine de La Prensa- porque estaba huyendo de la revolución sandinista que triunfó en Nicaragua en 1979. Todo lo contrario. Vivía ahí porque opté por ser libre de mis ataduras familiares en Nicaragua, las mismas que, en mi opinión, terminaron matando a mi hermano.

 

Porque, como mi hermano –aunque nunca con su entrega-, yo simpatizaba con los sandinistas de entonces. ¿Quién no? Quizás solo los que se refugiaron en Estados Unidos, incluyendo los familiares cercanos de Somoza Debayle, entre quienes estaba mi propio padre. 

  

Ante la noticia del asesinato de mi hermano, el 5 de Octubre de 1979, viajé a Nicaragua desde Nueva York donde vivía. Lo encontraron muerto, me dijeron –ajusticiado, en un predio en Managua- menos de tres meses después del triunfo de la Revolución Sandinista en la que él creyó y la que apoyó aunque se mantuvo leal a mi padre.

 

Hasta el día de hoy, casi 40 años después, no está claro quién lo asesinó. El dolor que produce no saber quien lo mató lo he superado, hasta cierto punto. Pero mis padres murieron sin saber a ciencia cierta quien fue la mano que le quitó la vida y porqué lo hizo. Claro, ambos tenían  teorías.

 

Mi madre, quien falleció en 2006, nunca se recuperó de esa tragedia. No tengo claro quien fue el responsable para ella, sospecho que culpaba a los “sandinistas”. Lo que sí recuerdo es que cuando llegó a Managua para el funeral, un par de policías jóvenes le demostraron como habían matado a su hijo y ella, no aguantó mas. Y nos tuvimos de que ir de Managua. Todo fue demasiado para ella. Ya había escuchado a Tomas Borge en el entierro de su hijo vociferar: “Marcel fue como una flor limpia en el zacate sucio”.

 

Mi padre, separado de mi madre cuando mataron a Marcel, tampoco superó esa pérdida. Para él, Marcel era un genio, el perfecto, al que debió darle mas atención. Solo le faltó creerlo santo pero no estuvo lejos. Y para él, los sandinistas fueron los responsables de su asesinato, igual que para mi hermano Noel. Solo mi hermana Desirée y yo desconfiamos de las versiones que siempre han circulado.

 

Es decir, no hubo juez ni jurado ni fiscalía encargada de investigar y encontrar al culpable. En la Nicaragua sandinista de entonces luego de su triunfo, la verdad oficial era una. La que circulaba el gobierno. Y era la versión que nosotros los periodistas, citábamos en nuestros despachos.

 

Hoy, el responsable del asesinato de mi hermano sigue siento un misterio. ¿El Chino Negro (versión sandinista)? ¿Un comandante sandinista porque se enteró que Marcel sabía que los sandinistas –no Somoza Debayle- mataron a Pedro Joaquín Chamorro? Nunca lo sabremos a ciencia cierta en mi opinión.

 

Y ese misterio me recuerda a los asesinatos del 2017. Aunque por supuesto, en el caso de los asesinados entonces (las cifras varían), hay evidencia de la CIDH y del GIEI de que la mayoría fueron víctimas de la violencia estatal, policial y/o para militares. El gobierno nicaragüense tiene otros datos que hacen colisión con esos, lo que no sorprende.

 

En el caso del asesinato de mi hermano, la única versión difundida de manera amplia fue la oficinal ---es decir, la del gobierno sandinista.

 

Pero la otra versión –que lo mataron porque había obtenido información de los asesinos de Pedro Joaquín Chamorro, en la que ellos aseguraban que detrás del asesinato estuvo la mano sandinista- es la que los que desconfían de los sandinistas sostienen. Era la versión que defendió mi padre hasta su muerte.

 

Pienso que los nicaraguenses deben de exigir –instaurar, promover, crear- un poder judicial, un sistema legal independiente, soberano, no partidista que NO permita mas impunidad.  Una comisión de la verdad urge. Que no haya más asesinatos que queden en el misterio. Que eso sea cosa del pasado. Y esa es una asignatura pendiente para cerrar heridas aún abiertas.

 

 incluyendo los familiares cercanos de Somoza Debayle, entre quienes estaba mi propio padre. 

  

Ante la noticia del asesinato de mi hermano, el 5 de Octubre de 1979, viajé a Nicaragua desde Nueva York donde vivía. Lo encontraron muerto, me dijeron –ajusticiado, en un predio en Managua- menos de tres meses después del triunfo de la Revolución Sandinista en la que él creyó y la que apoyó aunque se mantuvo leal a mi padre.

 

Hasta el día de hoy, casi 40 años después, no está claro quién lo asesinó. El dolor que produce no saber quien lo mató lo he superado, hasta cierto punto. Pero mis padres murieron sin saber a ciencia cierta quien fue la mano que le quitó la vida y porqué lo hizo. Claro, ambos tenían  teorías.

 

Mi madre, quien falleció en 2006, nunca se recuperó de esa tragedia. No tengo claro quien fue el responsable para ella, sospecho que culpaba a los “sandinistas”. Lo que sí recuerdo es que cuando llegó a Managua para el funeral, un par de policías jóvenes le demostraron como habían matado a su hijo y ella, no aguantó mas. Y nos tuvimos de que ir de Managua. Todo fue demasiado para ella. Ya había escuchado a Tomas Borge en el entierro de su hijo vociferar: “Marcel fue como una flor limpia en el zacate sucio”.

 

Mi padre, separado de mi madre cuando mataron a Marcel, tampoco superó esa pérdida. Para él, Marcel era un genio, el perfecto, al que debió darle mas atención. Solo le faltó creerlo santo pero no estuvo lejos. Y para él, los sandinistas fueron los responsables de su asesinato, igual que para mi hermano Noel. Solo mi hermana Desirée y yo desconfiamos de las versiones que siempre han circulado.

 

Es decir, no hubo juez ni jurado ni fiscalía encargada de investigar y encontrar al culpable. En la Nicaragua sandinista de entonces luego de su triunfo, la verdad oficial era una. La que circulaba el gobierno. Y era la versión que nosotros los periodistas, citábamos en nuestros despachos.

 

Hoy, el responsable del asesinato de mi hermano sigue siento un misterio. ¿El Chino Negro (versión sandinista)? ¿Un comandante sandinista porque se enteró que Marcel sabía que los sandinistas –no Somoza Debayle- mataron a Pedro Joaquín Chamorro? Nunca lo sabremos a ciencia cierta en mi opinión.

 

Y ese misterio me recuerda a los asesinatos del 2017. Aunque por supuesto, en el caso de los asesinados entonces (las cifras varían), hay evidencia de la CIDH y del GIEI de que la mayoría fueron víctimas de la violencia estatal, policial y/o para militares. El gobierno nicaragüense tiene otros datos que hacen colisión con esos, lo que no sorprende.

 

En el caso del asesinato de mi hermano, la única versión difundida de manera amplia fue la oficinal ---es decir, la del gobierno sandinista.

 

Pero la otra versión –que lo mataron porque había obtenido información de los asesinos de Pedro Joaquín Chamorro, en la que ellos aseguraban que detrás del asesinato estuvo la mano sandinista- es la que los que desconfían de los sandinistas sostienen. Era la versión que defendió mi padre hasta su muerte.

 

Pienso que los nicaraguenses deben de exigir –instaurar, promover, crear- un poder judicial, un sistema legal independiente, soberano, no partidista que NO permita mas impunidad.  Una comisión de la verdad urge. Que no haya más asesinatos que queden en el misterio. Que eso sea cosa del pasado. Y esa es una asignatura pendiente para cerrar heridas aún abiertas.

 

 

 

 

 

Perú: Manifestaciones, represión… y una presidenta acusada de genocidio


Perú arrancó el año con 47 muertos por la represión gubernamental a los movimientos de protesta en el estado de Puno, lo que generó una investigación de la fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, acusada de genocidio.REVISTA PROCESO
domingo, 22 de enero de 2023

Perú arrancó el año con 47 muertos por la represión gubernamental a los movimientos de protesta en el estado de Puno, lo que generó una investigación de la fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, acusada de genocidio. La situación en Perú, desde la destitución del exmandatario Pedro Castillo, es de caos por las revueltas populares donde algunos sectores piden elecciones presidenciales ya y la mediación de las iglesias católica y evangélica o de una autoridad extranjera para hallar una solución pacífica.

LIMA (Proceso).– Yamileth Nataly, adolescente voluntaria rescatista de animales; Marco Antonio Samillan Sanga, joven estudiante de medicina que ayudaba a heridos; y José Luis Soncco Quispe, policía de 29 años, son tres de los 46 fallecidos en violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en el estado sureño de Puno, cerca de la frontera con Bolivia, y uno en Cusco. Perú así recibe el 2023.

Tras las muertes, la fiscalía peruana inició una investigación preliminar contra la recién juramentada presidenta de transición, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, mientras el país andino parece hundido en una espiral de revueltas –sin interlocutores visibles del lado de las protestas– en un ambiente de desconfianza generalizada.

Todos, hasta el más ecuánime de los protagonistas de peso, parecen a veces perder la paciencia en esta crisis a la que nadie le ve un final fácil, mucho menos cercano. Nadie cree en la palabra de nadie. Hay quienes hablan de mediación de las iglesias católica y evangélica, un enviado papal, una autoridad extranjera, del ahora gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, pero sobre todo está el reclamo de nuevas elecciones.

Los representantes del fujimorismo en el Congreso y los militares apoyan la gestión de Boluarte, mientras el gobierno de Puno la declara persona non grata y los opositores en Lima –en general vinculados a la izquierda– aseguran que su gobierno transitorio se ha convertido en “rehén de la derecha más cavernaria” y proponen terminar “la estrategia represiva” oficial que sólo ha logrado “atizar las protestas y aumentar las víctimas mortales”.

En respuesta a los informes de que más de 70 comunicadores han sido hostigados y atacados en medio de protestas antigubernamentales, el Comité para la Protección de los Periodistas se dijo “alarmado” y solicitó a las autoridades investigar los ataques a la prensa y “asegurarse de que los reporteros estén protegidos y puedan cubrir de manera segura temas de interés público”.

“Hay que declarar estado de sitio y restituir el orden democrático” por la vía militar en Puno, declarado en toque de queda tres días desde el pasado martes 10, para que la gente pueda regresar a trabajar, dice a Proceso el congresista José Cueto, del conservador partido Renovación Popular.

“No hay con quién dialogar”, insiste el legislador, quien asegura que las protestas son azuzadas por “actores nacionales e internacionales” sin rostro que buscan “dividir” al país andino, de por sí ya fracturado desde hace décadas.

“Entiendo que mi propuesta no le va a gustar a la izquierda”, en especial a quienes proponen la restitución del destituido presidente Pedro Castillo y buscan instalar la llamada “patria socialista planteada por el ideario de Perú Libre y el extremismo marxista”, agrega el exalmirante, ahora miembro de la Comisión de Defensa e Inteligencia del Congreso.

Muchos, como el analista político Manuel Gago, van incluso un poco más allá, acusando a la exvicepresidenta de Castillo, ahora al frente del Poder Ejecutivo, de ser por lo menos débil, si no es que cómplice.

“Boluarte sabía lo que vendría. También los exministros de Castillo y asesores. Tendrían que ser bastante lerdos para no entender hacia dónde iba el gobierno anterior. La asamblea constituyente siempre estuvo y estará en la agenda marxista. Se sabía que Castillo no dejaría el poder dócilmente.”

Acusaciones cruzadas

Mientras del otro lado del espectro político la mayoría asegura que el gobierno de Boluarte se sostiene por el apoyo que tiene de la derecha, del Congreso y de los militares, Gago –y otros como él– lo ven al revés.

La presidenta “no decide enfrentar con la ley y la Constitución el levantamiento, saqueo y vandalismo que ocurren en el sur. Por eso el marxismo extremista está en sus garbanzales y hace lo anunciado años atrás. La nula previsión –con tanto desgobierno, infiltración y servicios de inteligencia (al servicio del Estado y no de los gobiernos) desmantelados– abona a las tentativas comunistas”, escribe Gago.

Así de complicado, para decirlo de manera suave, está el país andino en esta crisis que para muchos tiene raíces milenarias que volvieron a salir a la luz tras el fallido golpe de Estado de Castillo, un sindicalista de Cajamarca cuya inepta gestión como mandatario sólo parece haber logrado exacerbar el racismo arraigado en el país andino.

No sorprende entonces que las posiciones de los que opinan como Cueto y Gago sean rechazadas de manera enfática por sectores vinculados con la izquierda, quienes coinciden en que “las fuerzas del orden están actuando de manera desproporcionada y desmedida”, y que los choques violentos en Puno evidencian “un desprecio que oculta el odio y el racismo (…) porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena”, en palabras de la consultora Viola Traeder.

Para estos últimos, la crisis de legitimidad del actual gobierno “cívico-militar” no es un tema de derecha o de izquierda. Se trata de un “reclamo de quienes cuestionan cómo se maneja el poder en Perú y piden nuevas elecciones; ¡no hay nada más democrático que una elección!”, exclama en declaraciones a Proceso Javier Torres, director de Noticias Ser, un portal que difunde información regional.

La idea es “acelerar el proceso de transición (que ya es un hecho) y modificar la posición del Congreso” que pide la intervención del ejército, agrega el también antropólogo, quien considera el adelanto de elecciones como una condición sine qua non para iniciar un diálogo nacional.

“No es cierto que la gente esté pidiendo la separación del sur para convertirse en un Estado independiente ni en la instalación del marxismo del siglo XXI. Si ves los carteles, nadie está pensando en eso. Como no hay figura visible en las protestas, (la derecha) construye a un monstruo (como Evo Morales, a quien acusan de instigar la violencia).”

Torres se refiere a los supuestos “intentos separatistas” en las regiones del sur, como Ayacucho, Puno, Cusco y Arequipa, que otros politólogos, como Gago, aseguran son “parte de los vendavales anunciados por el chavismo” e instigados por el expresidente boliviano y ahora líder indigenista Morales.

Muchos consideran la posición de Torres un “pedido maximalista inviable”, mientras unos coinciden con Cueto que la crisis carece de caras visibles con quienes dialogar y otros piden el cese de la represión contra civiles indefensos.

El pasado miércoles 11 la movilización por las calles principales de Ayacucho y de Puno continuaban, sumándose a la exigencia de renuncia al gobierno de Boluarte. En Ayacucho se realizó una vigilia por los fallecidos.

Reclamos al gobierno

“La responsabilidad del gobierno es mantener el orden público respetando los derechos y cuidando la vida. Nada justifica la represión indiscriminada. Los daños materiales se pueden recuperar, pero no las vidas humanas. Las autoridades gubernamentales deben asumir su responsabilidad política por las decenas de fallecidos que han dejado las protestas recientes”, escribió por su parte el expresidente Francisco Sagasti.

“El gobierno de transición tiene que parar las matanzas y mantenerse firme para contener las protestas, lo que pasa por afinar su estrategia represiva que sólo ha logrado atizar la ola de violencia”, afirma a Proceso Juan Carlos Tafur, periodista y psicólogo quien en 2010 acuñó el término “derecha bruta y achorada”.

“Es que hay una rabia acumulada respecto de Lima y (del poder de) ‘los blancos’. Esto no se va a resolver pronto. Se requiere una mayor inyección del presupuesto en el sur a largo plazo”, agrega el también analista político, quien acepta que parte de la responsabilidad de la crisis actual está también del lado de los manifestantes.

“Debemos entender que estamos en una rebelión, una insurrección de un grupo de peruanos que se sienten abandonados por (el poder de) Lima y sus políticos; que son desconfiados de todos, que se sienten marginados y con demasiadas promesas incumplidas”, en palabras del diplomático en retiro Guillermo Russo Checa.

“Un muerto más, una vida segada y una familia enlutada por un conflicto social que no tiene más salida que la renuncia” del gobierno de Boluarte, escribió el analista político Ed Villantoy en su cuenta de Twitter.

Y el diálogo nacional es difícil pero indispensable, en opinión de la mayoría.

“Hay que insistir en activar los mecanismos de diálogo con los que protestan. Hay movimientos sociales organizados, federaciones regionales en la macro región del sur, que si bien no representan (a los que protestan) sí tienen vínculos con ellos”, asegura Tafur a Proceso. “La presidenta debe iniciar (el diálogo) pero no puede ser el mediador final.”

Antes de buscar a los protagonistas de una posible reconciliación nacional “debe encontrarse el espacio político donde podría ser posible dialogar entre delegados del gobierno y de los frentes regionales”, afirma a este semanario por su parte Hugo Otero Lanzarotti. “¿Son interlocutores válidos para dialogar el primer ministro o la presidenta con más de 40 muertos encima?”, se pregunta de manera retórica el exasesor del presidente Alan García.

El pasado martes 10 el gabinete presidido por Otárola obtuvo la confianza en el Congreso: 43 congresistas votaron en contra. Poco después, el premier anunció un toque de queda de tres días en el departamento de Puno, donde hasta el pasado 13 de enero habían fallecido 18 personas a causa de los enfrentamientos entre militares y civiles.

Fuentes consultadas por Proceso aseguran que el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, recién elegido presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores, podría ser un protagonista nacional idóneo como mediador del diálogo. “Son las regiones las que van a determinar el futuro del país después de todo, y Sánchez es una autoridad regional”, asegura a Proceso el exembajador Russo Checa.

Otros, como Otero, opinan que las iglesias católica y evangélica peruanas podrían jugar un papel importante “para tender puentes” entre las partes en conflicto. “Hasta el momento no se han pronunciado como instituciones”, recuerda.

O quizás, opina, “una autoridad extranjera” podría ser quien inicie un diálogo nacional, porque “entre los peruanos existe mucha desconfianza”. En su opinión, tampoco es posible que intervenga la ONU y menos la OEA. “Podríamos pensar en un delegado papal si las iglesias lo proponen y si lo aceptan el Estado y sus instituciones, así como la sociedad civil en rebeldía”, agrega.

“Como el problema es complejo, necesita una salida compleja”, afirma a Proceso el congresista independiente Edward Málaga-Trillo, quien elaboró la moción de vacancia (una forma de impeachment o destitución) de Castillo y se ha puesto al frente de una serie de reformas constitucionales que, en su opinión, atacarían el conflicto de fondo y cambiarían el tablero político-electoral.

El gran error del sistema electoral peruano es que alguien con tan bajo porcentaje de votos pueda convertirse en presidente, como fue el caso de la segunda vuelta en junio de 2021, cuando Castillo, de Perú Libre, superó a Fujimori, de Fuerza Popular, por apenas 44 mil 58 votos, alega el también científico, quien exhortó al gobierno de Boluarte a concertar mesas de diálogo para que vuelva la paz social.

“He propuesto que la segunda vuelta sea de tres candidatos, no de dos”, por ejemplo, explica a este semanario, una de varias propuestas que el también biólogo elabora ante el Congreso, entidad que en su opinión es la indicada para resolver los obstáculos de fondo en esta crisis.

“Estamos ante una asonada violenta. Debemos generar una capacidad de comunicación que le haga contrapeso a la propaganda negativa que se distribuye en el sur. Mucha de la indignación de la gente nace de falsas premisas. (Boluarte) debe ir a las regiones ella misma y poner orden”, dice con la voz calma y fría de un científico, no la de un político.

“Claro que el diálogo es muy necesario, en el Acuerdo Nacional, con las iglesias, pero muy difícil en estas condiciones”, añade el ahora legislador sin partido quien confiesa haber votado por Castillo, rechaza la injerencia “retórica” del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y hace unos días otorgó la confianza al gabinete de Boluarte.

“Nadie cree en la palabra de nadie”, sentenció el pasado lunes 9 el también ponderado psicoanalista Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, al verse rebasado por las noticias sobre el número creciente de muertos en Puno. “Si al final de la palabra no sobrevive la palabra, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos”, dijo Hernández parafraseando a César Vallejo a todas luces frustrado en ese momento ante la gravedad de la crisis.

Urge un diálogo nacional, pero desde el enfrentamiento con un discurso polarizado en lo que parece ser un escenario de ajedrez, es todo menos simple. “Debería nacer un Emiliano Zapata en Perú. Nos hemos demorado ya casi 100 años”, decretó Russo Checa.

miércoles, noviembre 17, 2021

Daniel Ortega, la bestia herida

Lo ideal para muchos sería que Ortega accediera a unas nuevas elecciones nacionales, pero ese escenario es inviable y el mandatario intenta instalarse en el poder como una dictadura familiar dinástica

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Pueden surgir obstáculos en un futuro no muy lejano, pero el proyecto de Daniel Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, es instalarse en el poder en Nicaragua como una dictadura familiar dinástica. Los cientos de presos políticos son “hijos de perra de los imperialistas yanquis” —para citar al jefe del régimen —pero hay observadores optimistas que se atreven a especular sobre la posibilidad de un discurso menos agresivo para el 10 de enero, día de la toma de posesión.


Las palabras de odio que lanzó Ortega el pasado 8 de noviembre, al día siguiente de la farsa electoral, habla de una bestia herida por el alto abstencionismo; por la falta de reconocimiento de países como Uruguay, Perú, Colombia, España, República Dominicana, la Unión Europea y muchos otros; y por lo que le espera resolver en el futuro inmediato para gobernar con cierta estabilidad. A esto se agrega la reciente carta de 40 exministros de Relaciones Exteriores tras lo que llamaron el “ilegítimo proceso electoral”.



A la crisis política y social que deberá gestionar, Ortega suma el paquete de sanciones económicas contra el régimen que Estados Unidos —el gran enemigo, pero importante socio comercial— ya convirtió en ley. El presidente Joe Biden firmó la entrada en vigor de la conocida como Ley Renacer, que permite torpedear los préstamos de las instituciones financieras o revisar el Tratado de Libre Comercio con América Central.


Las sanciones que no tardan en sofocar la bonanza económica de la que se ufana su gobierno -a pesar de la recesión- podrían convertirse en posibles embargos económicos, que afectaría también al ciudadano de a pie. El repudio de muchos países tras la farsa electoral se podría transformar en ruptura de relaciones diplomáticas, lo que aislaría a Nicaragua aún mas de lo que ya está.


El ganador enclaustrado en su propia realidad ha optado por ignorar que la dureza de su discurso petulante no abona a impedir que a lo interno se produzcan eventuales situaciones de violencia, incluso posibles insurrecciones de algunos miembros del ejército y de la policía, aseguran fuentes nicaragüenses en el exilio. Vale recordar que ambos son parte medular de la base del Frente Sandinista, la que de acuerdo a una encuesta de Cid Gallup, ha disminuido su apoyo a entre un 15 y un 20%, menos del 38% histórico que había mantenido durante décadas y que, de hecho, entre 2011 y 2016, se disparó a más del 60%.


La reciente Asamblea General de la OEA no produjo cambios de fondo en la correlación de fuerzas de la región: una condena mayoritaria, de 25 países, siete abstenciones y solo uno en contra, el de Nicaragua obviamente.


Pero Ortega y su mujer todavía tienen la sartén por el mango, y el mango también.


El Triángulo Norte, en rigor, ya va formando filas con Ortega. Con el salvadoreño Nayib Bukele a la cabeza, se perfila un bloque regional autoritario. El Vaticano tampoco se ha pronunciado. Y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha sido un aliado económico clave. En cuatro años y medio, de enero de 2017 a junio de 2021, el Gobierno de Daniel Ortega ha recibido del BCIE más de 2289 millones de dólares —un promedio superior a los 450 millones de dólares anuales—. El BCIE ha sido el principal sustento financiero del régimen nicaragüense, pero ahora Biden sin duda lo presionará a un cambio de timón.


Pero tras las “elecciones”, donde Ortega no permitió que ningún organismo de peso internacional las observara, donde solo participó él y un par de partidos aliados que carecen de peso específico, donde ha acusado a Estados Unidos y a sus “cómplices” en Nicaragua de buscar una guerra, no puede darse el lujo de seguir la línea dura por la que ha optado hasta ahora. O por lo menos no por mucho tiempo. Ya no hay Venezuela con el apoyo de sus millones. Ni Rusia ni China ni Cuba harán mucho más allá de emitir declaraciones en defensa del orteguismo.


Una opción sería anunciar en el inicio de un diálogo “restringido” para bajar un poco la presión interna, de la mano de sus partidos aliados, como la fórmula Oscar Sobalvarro —antiguo jefe de la “Contra” — y la exreina de belleza Berenice Quezada; de “amigos empresarios de segundo nivel”, como el actual presidente del Cosep, César Zamora, así como algunos miembros del sector de la construcción, salud y agrícola, opinan fuentes nicaragüenses en el exilio. En esta alternativa no figuraría “el gran capital”, salvo para posiblemente solicitar al menos la libertad de sus colegas presos. Alguna participación tendría este grupo por “pudor” y porque dentro de sus propias familias hay descontento con el régimen de Ortega.


Otra salida —el sueño dorado de los optimistas en el exilio— podría ser el inicio de un gran diálogo nacional, en México o España. El momento ideal sería coincidir con las elecciones municipales del 2022, con asambleas constituyentes a nivel local, la liberación de al menos algunos presos políticos a cambio del levantamiento de las sanciones.


Una tercera disyuntiva sería que, en unos dos o tres años, surgiera “un levantamiento interno de orden táctico”. El alto porcentaje de abstención está compuesto por quienes están muy enojados con el régimen. Hay otro sector importante que votó nulo, en una suerte de protesta silenciosa, un ángulo ignorado por el oficialismo. Sin representantes opositores ni campañas contra el régimen, los votos nulos llegaron a 155.854 solamente superados por los 372.648 sufragios del Partido Liberal Constitucionalista y la alianza encabezada por el Frente Sandinista con más de dos millones boletas en su favor. Este movimiento, que por ahora carece de líderes, podría iniciar una peligrosa rebelión en las calles. Hay unos 100.000 exiliados; muchos quieren regresar a su país a toda costa. No todos se van a quedar con las manos cruzadas.


Pocos lo saben, pero Ortega también se ha topado con una piedra en el camino dentro de su propia familia. Fuentes cercanas al gobierno ahora en el exilio aseguran que Murillo quería ser nombrada presidente y que su marido se dedicara a labores partidarias. “Hubo un pleito fuerte con ella sobre este tema que duró varias semanas”, asegura la fuente. La vicepresidenta perdió: no es la carta favorita del sector sandinista histórico que aún apoya al no tan flamante presidente.


Lo ideal para muchos sería que Ortega accediera a unas nuevas elecciones nacionales, pero ese escenario es inviable, aunque lo haya solicitado el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La pareja gobernante se siente todavía muy cómoda con su línea dura. Sin embargo, el régimen no la tiene tan fácil. Se verá obligado a optar por un diálogo leve o moderado para seguir operando. Es eso, o el país bajo terror caerá inevitablemente en un eventual despeñadero.