martes, junio 14, 2016

Perú: la hora de la concertación





(Especial para Confidencial). La aceptación de la derrota de Keiko Fujimori en las urnas cinco días después de concluido el conteo de unas apretadísimas elecciones, donde el ex banquero Pedro Pablo Kuczynski (PPK, Peruanos Por el Kambio) salió ganador con 50,12% de votos (apenas 42.597 mas que su rival), culminó un proceso lento y tortuoso para iniciar otro mas largo y sinuoso.
La pregunta del millón es cómo hará el economista de centro derecha cuya campaña fue amateur y caótica —un pésimo candidato que se remontó en los últimos días por elementos ajenos a su programa y una concertación de fuerzas antagónicas— para hacer gobierno con un Congreso controlado por una mayoría aplastante —73 de los 130 legisladores son fujimoristas de Fuerza Popular (FP).
El reto es abrumador, para decirlo de manera suave.
Kuczynski habla de la urgencia de un pacto al estilo de la Moncloa en España o de la Concertación de Partidos por la Democracia, en Chile.
Para muchos analistas, incluyendo los editores del diario El Comercio (que se demarcó de FP los últimos días de la campaña), PPK y Keiko son “inevitablemente corresponsables” de la buena o mala gestión del gobierno entrante.
“Los electores peruanos, unidos a nuestro sistema constitucional, han colocado a Keiko Fujimori en una situación que, si no es de cogobierno, es claramente de corresponsabilidad”, lee el editorial de ese diario del domingo 12 de junio.
Pero para muchos que desconfían de FP, partido que lleva el sello de Alberto Fujimori —un ex presidente que cumple una condena de 25 años de cárcel por corrupción y delitos de lesa humanidad—, la estrategia fujimorista es desestabilizar al ya de por sí débil presidente electo desde el momento en que asuma el mando, el próximo 28 de julio.
El reconocido periodista César Hildebrandt, por ejemplo, ha alertado a PPK: “le sugerimos al flamante presidente electo del Perú que, en materia de concertación, ANDE CON PIES DE PLOMO”.
Mientras tanto, lo poco que ha dicho Keiko desde el pasado 10 de junio no parece allanar el camino para un pacto sino todo lo contrario. En la ceremonia de reconocimiento de su derrota, “su tono agresivo y la presencia de toda su tropa con actitud guerrera de Tora, tora, tora”, escribe Augusto Álvarez Rodrich, columnista del diario La República, no auguran buenas noticias.
No es el único que desconfía. En palabras de la analista Rosa María Palacios: Keiko “lanzó a sus voceros a gritar fraude, a soltar teorías conspiradoras y a lanzar por enésima vez, la excusa del odio.
Con “una estridencia mal controlada, una prosodia tensa”, la populista de centro derecha aceptó su derrota recordando que el mandato del pueblo fue que FP fuese el “vigilante” de la gestión del gobierno entrante. “Le deseamos mucha suerte al Sr. Kuczynski y a sus aliados de campaña”, agregó con cierto sarcasmo en la conferencia de prensa a la que convocó sin aceptar preguntas.
“Fuerza Popular ha recibido el encargo de la población de ser oposición y será el rol que vamos a cumplir con firmeza”. Muchos opinan que con esas palabras la política de 40 años descartó la posibilidad de reunirse para dialogar con Kuczynski en el futuro cercano.
Fuentes fujimoristas confirmaron que no habría diálogo con el Ejecutivo. Ni una sola concesión. Eso sí, la bancada fujimorista tendrá un papel protagónico en el nuevo gobierno: crear el clima de crispación necesario para proponer en su momento la vacancia presidencial, según diversos analistas.
Ante esa eventualidad, PPK salió de inmediato con un mensaje de cautela. La constitución creada por el propio Alberto Fujimori le da la facultad al presidente de disolver el Congreso si éste rechaza dos veces consecutivas la formación de su gabinete. “Yo prefiero no tener que llegar a eso […] Tenemos que buscar consenso en las grandes cosas que queremos, y poner en una cosa aparte las cosas en las que no estamos de acuerdo”. Fácil decirlo. Tarea titánica lograrlo.
Las claves de la campaña: democracia o dictadura
“Ha sido una hazaña que, en ocho días, le ha dado la vuelta a una elección perdida”, dijo sobre el desenlace de la campaña electoral Gustavo Gorriti, reconocido analista y director del sitio de investigación periodística IDL-Reporteros, una ONG vinculada a la defensa de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.
Hubo de todo, incluyendo insultos cruzados y alianzas entre disímiles, para que PPK ganara con votos “prestados”, pues en primera vuelta el reconocido economista y destacado pianista (y flautista), salió segundo con apenas 20 %.
“Cuando en balotaje has estado empatado y de repente uno de los dos candidatos se despunta y crece en la primera medición, continúa en la segunda y sigue creciendo en la tercera, en general eso es irreversible”, reflexiona Gorriti, quien en 1992 fue secuestrado por militares al mando del padre de Keiko.
En efecto, en días, ocurrió lo inaudito, sin precedentes en la historia del Perú. “El crecimiento y la tendencia (de Keiko) se logró revertir en ocho, nueve días. Ha sido un cambio de siete puntos porcentuales habiendo empezado con el viento en contra”. Le pasó a PPK.
Varios elementos concatenados lo hicieron posible. Lo primero que Gorriti menciona es lo que él llama “la fusión entre las fuerzas democráticas: era PPK o (el regreso a) la noche negra” del fujimorismo.
Fue clave, en opinión de Gorriti, “el cambio de discurso del candidato a uno de confrontación que antes había evitado a toda costa: cuando por fin planteó el dilema entre democracia y dictadura, la opción entre un estado decente y uno corrupto, la gente se convenció de que PPK estaba hablando su propio lenguaje”.
Gorriti, de hecho, asesoró a PPK en el segundo debate. El periodista explicó que en esta elección, optó por dejar de lado su imparcialidad periodística al sentirse en una suerte de obligación patriótica.
El repentino cambio de PPK coincidió con una multitudinaria marcha en Lima contra Keiko, la mas grande desde el año 2000, con cerca de 40 mil manifestantes, además de marchas anti-fujimoristas en todo el Perú.
Pero en términos de votos contantes y sonantes, fue determinante la adhesión del 22% que recibió PPK tras el llamado que hizo Verónika Mendoza, la joven líder del izquierdista Frente Amplio, de que había que votar por el veterano de centro derecha sí o sí. Su llamado, en español y en quechua, se viralizó en redes sociales y fue vital para el “volteretazo” que las encuestas registraron en la última semana.
Tuvo un plus para Mendoza: le ayudó a consolidar su liderazgo en la izquierda —opción que antes de ella estaba moribunda en el Perú—, al demostrar “una capacidad de endose que no se registraba en la política peruana reciente”, según el escritor Raúl Tola.
Mario Vargas Llosa coincide en su reciente columna de El País.
“La izquierda, actuando de esta manera responsable —algo con escasos precedentes en la historia reciente del Perú—, salvó la democracia y ha asegurado la continuación de una política que, desde la caída de la dictadura en el año 2000, ha traído al país un notable progreso económico y el fortalecimiento gradual de las instituciones y costumbres democráticas”.
Todo ello fue determinante para el desenlace contra Keiko, pero no menos fue la impactante cadena de revelaciones que se dieron días antes del cinco de junio sobre los más altos dirigentes de FP.
Joaquín Ramírez, el hasta ese momento secretario general de ese partido, apareció cuando menos involucrado en una investigación de la DEA por lavado de dinero. Y José Chlimper, jefe de campaña con quien Keiko reemplazó a Ramírez, se vio comprometido con la publicación de una “prueba” que fue fabricada burdamente para defender al primero.
“Se arreció la campaña contra Keiko que incluyó a los movimientos sociales y a los grupos de la sociedad civil de algún valor que pidieron votar por PPK. Todo eso hizo posible el desenlace”, recuerda Gorriti.
Para Keiko, sin embargo, este final fue producto de una campaña de “la resistencia dominada por los promotores del odio” encabezada por el actual gobierno de Ollanta Humala. Así lo dijo, no sin rabia contenida, la ex Primera Dama de su padre Alberto Fujimori.
PPK, peruano casi de casualidad
Kuczynski, de 77 años, es lo mas parecido a un hombre renacentista. Su padre, Maxime Kuczynski, un médico alemán de ascendencia judío-polaca, fue pionero en el tratamiento de enfermedades tropicales desde mediados de la década de 1930, cuando se instaló junto a su familia en la Amazonia peruana. Su madre, Madeleine Godard, una maestra franco-suiza que lo introdujo en las artes y la música. Kuczynski es primo de Jean-Luc Godard, cineasta suizo-francés creador de la nouvelle vague.
Estudió en Perú, Inglaterra, Suiza y Estados Unidos. Sus materias: música, filosofía, economía y política. Fue ministro, empresario y banquero destacado. En su larga lista de cargos y títulos, faltaba el de presidente de su país, el Perú, donde sin embargo nació casi de casualidad. Tuvo incluso que deshacerse de su ciudadania estadounidense (y perder su pensión y seguro de salud, dijo una vez con humor) para postularse al máximo cargo en el país sudamericano.
En opinión del periodista y analista Pedro Tenorio, PPK, ahora presidente electo, deberá “sobreponerse” al nuevo Congreso “que le hará pagar caro el calibre de los ‘dardos pesados’ a los que tuvo que recurrir para derrotar a su lideresa, clara favorita para ganar la elección hasta una semana antes del balotaje”.
Es efecto, PPK deberá pasar de la hazaña de un triunfo ajustado a la gesta de constituir un gobierno viable que trabaje desde el primer día en el combate contra la delincuencia, la inseguridad y la reactivación económica del país. Tenorio y otros como él tienen claro lo arduo de esa misión. “Será muy difícil restañar las heridas de una campaña cuando las acusaciones eran de ‘narcoestado’ por un lado y ‘narcolobby’ por el otro”.
El propio presidente electo ya inició el difícil camino de “ofrecer disculpas” a los integrantes de FP. “Nos vamos a disculpar todos, vamos a voltear la página para concertar”. Le siguió Alfredo Thorne, el economista jefe del plan de gobierno de Peruanos Por el Kambio. Se debe entender, dijo, que “la elección ya pasó”.
Está claro que los “PPKausas” quieren paz. Y la necesitan sin duda alguna, como la necesita el Perú.
Las prioridades del presidente electo son impulsar la economía, lograr una revolución de la inversión social y mejorar el sistema de seguridad ciudadana. “Esas son las grandes prioridades que todos los peruanos tenemos claras; así seamos de derecha, centro o izquierda”.
Mientras tanto, los medios internacionales ya destacaron el nivel académico de PPK y su inusual perfil como presidente en una América Latina donde, como escribe Jon Lee Anderson en la revista The New Yorker, se distinguen populistas como Daniel Ortega, Hugo Chávez, Alvaro Uribe y Cristina Fernández de Kirshner. “Kuczynski representa la tradición de la vieja escuela de noblesse oblige en política”.
El diario El País lo llama “el presidente peruano mas inesperado”, un “exbanquero liberal aupado por el miedo a Fujimori”.
La prensa peruana, que sin excepción lo criticó como candidato, ahora lo alaba como presidente electo.
Álvarez Rodrich destaca su experiencia y dotes concertadoras para enfrentar un escenario en el que el fujimorismo tendrá mayoría aplastante en el Legislativo.
“Hay pocos peruanos mejor equipados que PPK para enfrentar un escenario así, por su edad, experiencia, bonhomía, y audacia para conversar y negociar, con quien sea necesario, para sacar adelante las decisiones para hacer un buen gobierno”.
Keiko: “lo bueno” del fujimorismo
Keiko es otro boleto. Lo único que tiene en común con PPK es que ambos están casados con ciudadanos estadounidenses. Es una política pura y dura. Estudió en el Perú y Estados Unidos. Fue Primera Dama a los 19 años, cuando sus padres se divorciaron. Esta es su segunda derrota, después de haber caído frente al saliente presidente Humala en 2011.
Desde entonces, se ha dedicado con tesón y disciplina a fortalecer su partido y a recorrer el “Perú profundo” en busca de reducir su antivoto. Su nicho duro se mantiene en asentamientos humanos de Lima y en el centro del país, que agradecen a su padre la construcción de colegios, carreteras así como la entrega de comida, zapatos y uniformes escolares a los peruanos en pobreza extrema.
En 2006 se convirtió en la congresista más votada del país. Pero su labor congresal fue exigua, marcada por ausencias motivadas por permisos de maternidad y por su dedicación a la campaña electoral que perdió contra Humala.
En 2014 apoyó de manera activa a sus candidatos en elecciones locales y logró para su partido tres presidencias regionales y numerosas alcaldías en el interior del país.
Este año apostó por ganar la presidencia reivindicando —según sus palabras— “lo bueno” del fujimorismo con un programa de centro derecha con ofertas populistas de mano dura como cárceles a 4000 metros y pena de muerte para violadores de niños. Un programa no disímil al de PPK de hecho.
Poco antes de triunfar en la primera vuelta electoral, Keiko firmó un “compromiso de honor” en el que prometió que si ganaba no cometería los mismos “errores” —evitó decir delitos— de su progenitor y respetaría la democracia.
Pero lo poco que ha dicho hasta ahora no está del todo claro.
En su corto discurso el viernes pasado, la líder fujimorista fue “desafiante” e “insinuó que llevaría a cabo su propio programa a través del congreso pasando por encima del presidente”, dice un Gorriti tajante, poco ingenuo. Gorriti recuerda que Keiko tampoco habló de visitar al ganador, como se acostumbra en los sistemas electorales democráticos.
Pero, tras recuperarse de su derrota, Keiko debería probar que sí puede ser una estadista. “Debe ejercer liderazgo para conducir a su bancada para que el lustro 2016-2021 no sea un duelo entre vacancia presidencial y disolución del Congreso”, opina Álvarez Rodrich.
No hay duda que “el fujimorismo tiene un gran desafío por delante: renacer de la derrota. ¿Siempre bajo el liderazgo de Keiko Fujimori aún cuando esta sea su segunda derrota presidencial?”, se pregunta Gerardo Tavara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. La palabra la tiene ella.
Estrategias para PPK
En la charla con Confidencial, Gorriti delinea dos posibles escenarios. Una opción es el llamado ‘capitalismo clientelista’, que describe una economía supuestamente capitalista en la que el éxito depende de una estrecha relación entre empresarios y funcionarios gubernamentales. Un sector de PPK propugna esto, que necesitaría el apoyo del fujimorismo, con el que buscaría lograr una suerte de co-gobierno.
“Hay que establecer los términos de gobierno y empezar a gobernar, recordarle a FP que ambos tienen metas similares en política económica, que les gusta el mercado, que se olviden las heridas de campaña, que se den un abrazo y si el asunto entra en un buen swing, pues a los otros aliados (como Veronika Mendoza, la Central izquierdista de trabajadores y la poderosa Federación de Trabajadores de Construcción Civil) hay que decirles ‘chau chicos, salgan por la puerta de servicio y no se olviden de dejarla bien cerrada’, dice el director de IDL-Reporteros con cierta ironía.
El otro escenario es darle prioridad a la democracia, a los compromisos con las fuerzas políticas que lo llevaron a la Presidencia, a gobernar con un conjunto básico de medidas urgentes para enfrentar la inseguridad, apoyar a las pequeñas empresas a salir adelante a través del crédito, organizar y dar recursos para los sectores educación, salud, y la realización de pequeños y grandes proyectos a nivel nacional, así como la universalización del agua potable para todos los peruanos”. Todas promesas de su campaña presidencial.
Al iniciar su gestión, lo primero que hará el presidente electo que quiere ser recordado como “el hombre que modernizó el Perú”, será pedir al Parlamento fujimorista facultades para legislar en seguridad ciudadana y economía, informó este fin de semana Juan Sheput, vocero y legislador electo de PPK. “Se tiene que conceder estas facultades en una especie de luna de miel al nuevo gobierno”, dijo Sheput a medios locales.
¿Habrá luna de miel y después matrimonio feliz de cinco años, o la bancada fujimorista impedirá que PPK gobierne? De nuevo, Keiko tiene la palabra. Es su oportunidad para demostrar que es una estadista que llegó para queda.


lunes, abril 18, 2016

¿Regresa el Fujimorismo al Perú?

Perú, ¿se mueve hacia el centro o regresa el fujimorismo?
Especial para Confidencial. Lima. “Giro conservador. Los peruanos decidieron llevar a la segunda vuelta a Fuerza Popular (Keiko Fujimori)y a Peruanos por el Kambio (Pedro Pablo Kuczynski o PPK). Aparte, el próximo Congreso tendrá un fuerte tono conservador, gracias a la bancada fujimorista que se acerca a la mayoría absoluta”.
Así inicia el diario La República su editorial horas después del primer reporte oficial de la primera vuelta de las elecciones del pasado 10 de abril, donde casi 40% de los electores le dieron su voto a Keiko Fujimori, “La China”, hija mayor de Alberto Fujimori, el autócrata encarcelado por corrupción y crímenes de lesa humanidad, y donde el congresista más votado ha sido su hermano Kenji.
Aunque suene raro dada la carga fujimorista de la elección, el giro del electorado peruano ha sido en efecto “conservador”. Un giro hacia el centro, no hacia la derecha, ni hacia la extrema derecha.
Para muestra, dos botones.
Primero. El voto por el Frente Amplio de la izquierdista Veronika Mendoza, de 35 años, una cara nueva y atractiva, con un estilo refrescante pero con un discurso que algunos consideran “chavista” y otros asocian con Sendero Luminoso, no fue “solamente de izquierda, sino anti Fujimori”, en opinión de Hernán Chaparro, director de la encuestadora GfK. Mendoza quedó en tercer lugar con 18.72% de los votos.
Segundo. Miles de simpatizantes de Mendoza votaron por PPK, el economista liberal de 77 años, ex Primer Ministro de Alejandro Toledo y asesor de Keiko en la campaña del 2011, “porque pensaron que (Mendoza) no tendría posibilidades de ganarle a Keiko”, asegura el analista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. Una importante parte del voto anti-Keiko -que rechaza el autoritarismo fujimorista y que según las encuestas supera su voto duro- “no es de izquierda, sino de derecha”, agrega Gorriti.
En Perú, una nación con una economía fuerte donde los mercados han reaccionado de manera positiva a los resultados parciales porque tanto Keiko como Kuczynski tienen planes de gobierno a favor del mercado y aseguran la continuidad del modelo económico, reina el desprestigio de los gobiernos democráticos y de los políticos tradicionales.
Así, el centro parece haberse apoderado de un electorado confuso, por lo menos en esta primera vuelta. En ese centro por el que ha optado el electorado peruano los grandes perdedores son los “politicos antiguos”, opina el escritor boliviano y estratega político Juan Claudio Lechin.
PPK “es un liberal no estatista, no solemne, con gran sentido del humor. Eso es muy atractivo para los jóvenes” quienes “no quieren saber nada de los políticos tradicionales con discurso pesado lleno de ornamento” como el del Aprista Alan García (quien, con 5.91%, optó por renunciar a la presidencia de ese partido) y Perú Posible de Toledo, cuyo partido perdió su inscripción. El “espontáneo” Alfredo Barnechea de Acción Popular (7.08%) “amigo de todos los presidentes de América Latina”, quien cometió “errores garrafales” en la campaña (como rechazar un sombrero que le regalaron y no comerse un chicharrón que le ofrecieron en un mercado) permanece en la fila esperando su turno para el 2021, asegura el experto.
Aunque no logró consolidarse como opción ganadora anti-Keiko, Mendoza ganó por amplia mayoría en Ayacucho y Cusco, dos provincias importantes del sur del país. La joven política apenas calienta motores y ya ha logrado devolverle un poco del protagonismo perdido a la izquierda peruana durante décadas. De hecho, el narrador best seller peruano Jeremías Gamboa opina que el resultado del Frente Amplio es “histórico” y “saludable”.
“Me parece que (las izquierdas) tienen en Verónika Mendoza a una líder carismática. Desde mi punto de vista tienen cinco años para aprender a flexibilizar ciertas posiciones o revisarlas, a hacer deslindes con más énfasis para aliviar el miedo de los votantes que no es solo producido por los medios”, escribe el autor de Contarlo todo en su cuenta de Facebook.
¿Regreso al pasado fujimorista?
¿Cómo así ha regresado el fujimorismo al Perú mientras el fundador de esa dinastía en ciernes cumple una sentencia de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción?
“La población recuerda, del gobierno de Fujimori, los logros de reducir la hiperinflación y el terrorismo”, afirma a Confidencial el ex embajador del Perú en Estados Unidos Felipe Ortiz de Zevallos. El electorado ha olvidado al político corrupto y optado por recordar el “clientelismo de obras en regiones en los que antes la acción del Estado no llegaba”, en opinión del también empresario.
Cecilia Blondet Montero, integrante de la Iniciativa Nacional Anticorrupción y coordinadora del Consejo Directivo de Transparencia, una asociación civil, coincide con Ortiz de Zevallos.
Los sectores más pobres “son los que más han votado a Fujimori en respuesta al rol del gobierno de su padre, que restituyó la tranquilidad frente a la debacle de los últimos años del gobierno de Alan García, a la hiperinflación y al terrorismo. Fue un gobierno clientelista que se apoyó en las Fuerzas Armadas como partido político” afirma. Fujimori padre “reconectó al país y ese es un recuerdo recurrente que genera una gratitud por encima de todo. No quieren aceptar que robó, que mató o que violó los derechos humanos”, agrega.
Hay más, opina Gorriti. La campaña de Keiko lleva varios años trabajando duro; ha sido sin duda la mejor de todas y ha logrado que los hermanos Fujimori sean percibidos como “los mas eficientes” mientras que la corrupción y los crímenes del fujimorismo han caído casi exclusivamente sobre su ex asesor Vladimiro Montesinos.
“¡No se olvide señorita! ¡Los Fujimori siempre fueron los mejores alumnos de la clase!”, exclamó hace unos días un taxista limeño que confesó haber votado por Keiko. “Y además, ¡hay que darle oportunidad a las mujeres por favor!”
Está claro que la mayoría le creyó a Keiko cuando, por ejemplo, en un desorganizado debate presidencial reciente, prometió luchar contra la corrupción asociada a allegados al gobierno de su padre, respetar a los derechos humanos y no utilizar el poder político para favorecer a su familia. Al concluir su discurso firmó un pacto donde se comprometía, de llegar a la presidencia, a convertir sus promesas en hechos.
La gran incógnita sigue siendo quien ganará en segunda vuelta el próximo 5 de junio.
“A Keiko le faltan 10 puntos para llevarse la elección y a PPK, 25, que es mucho. El voto duro de la Mendoza no va a querer validar a ninguno de los dos porque ambos son de derecha. Hay otro pedazo que votará por PPK porque jamás votaría por Keiko. Habrá que ver donde migrará el voto Aprista”, ahora sin dirigente, dice Lechín.
Pero los Apristas ya se han acercado a Fujimori, explica Bondet. “No me sorprendería que se refuerce esa tendencia, aunque hay sectores de centro izquierda que no votarían por un regimen autoritario que evoque los tiempos negros de Fujimori”.
En el caso de la izquierda, “hay mucha bronca” con Meche Aráoz, la candidata a vicepresidenta de PPK, supuesta responsable de “un episodio negro en contra de indigenas en la zona de la selva norte”, que dejó un saldo de 33 muertos y 200 heridos en 2009. Todo dependerá de las propuestas del equipo de PPK para buscar un acercamiento con la izquierda, opina Blondet Montero.
Gorriti abunda. “Hay que tomar en cuenta que la segunda vuelta es una campaña nueva, con nuevos actores, con nuevos elementos de manera que aún no está del todo claro quien va a ganar. Va a depender mucho de lo que hacen o dejan de hacer (Keiko y PPK)”, reflexiona Gorriti.
Al final del día, parece inevitable que el centro va a definir el resultado de estas elecciones. “Ahora quedan los dos candidatos de derecha y quien se acerque más al centro, será el ganador”, sentencia el también periodista secuestrado por Montesinos en 1992.


lunes, marzo 30, 2015

Censura a la mexicana





Por María Lourdes Pallais.- (México, D.F.)
Hubo presión, a la mexicana, de la emisora de radio privada donde laboraba para que la reconocida periodista Carmen Aristegui se abstuviese de difundir un riguroso reportaje elaborado por su equipo de investigación sobre una multimillonaria operación inmobiliaria de la familia presidencial.
La presión de MVS contra la divulgación del reportaje que denunció el conflicto de interés en la compra de una mansión por parte de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto a un contratista del gobierno, no fue “en tono impositivo” sino de “búsqueda de comprensión” para que Aristegui, de motu propio, se autocensurara.
El presidente ejecutivo de MVS Comunicaciones Joaquín Vargas Guajardo informó a su ex empleada, calificada por Forbes como la segunda mujer más poderosa de México, que “si se transmitía esa información en Noticias MVS se daba por sentado que el programa desaparecía”.
Así lo asegura la periodista “incómoda” que el pasado 15 de marzo fuera despedida de MVS Radio, donde laboró seis años al frente de uno de los noticieros radiales con más ratings, tras exigir la reinstalación de dos de sus colaboradores, también despedidos por presunto uso indebido del nombre de la empresa en Mexicoleaks, una plataforma para documentos y denuncias anónimas de la ciudadanía.
En su portal online, MVS, empresa que cuenta con un sistema de televisión de paga que quiere entrar al negocio de la televisión abierta, rechaza la versión de la comunicadora.
Fue ella quien prefirió publicar el reportaje “La Casa Blanca” en Aristegui Noticias, portal de la conductora, en lugar de hacerlo en el espacio que MVS Noticias le permitió encabezar sin inmiscuirse en su línea editorial durante seis años, asegura la empresa en un comunicado.
La salida del equipo periodístico, que trabajaba en el popular espacio radial matutino de MVSconvertido en “una tribuna independiente de denuncia”, se dio meses después que el reportaje se convirtiera en el peor enemigo del gobierno de Peña Nieto, dentro y fuera del país.
Antes de la difusión de esa pieza de investigación, durante el primer año y medio de su gestión, Peña Nieto había sido vitoreado por la prensa internacional por las supuestas bondades de sus reformas económicas estructurales.
Pero después de noviembre de 2014, Peña Nieto se convirtió en uno de los presidentes menos respetados por la prensa internacional, aliada ésta en la difusión del reportaje sobre la “Casa Blanca”, el mismo día que fue publicado primero en Aristegui Noticias y luego comentado en el programa matutino de MVS Radio.
Aristegui buscó el apoyo de los corresponsales extranjeros para la difusión de su trabajo de investigación. Un nutrido grupo no dudó en hacerlo, tras comprobar que se trataba de una investigación rigurosa que crearía olas, intuyendo que la comunicadora estaría siendo sujeta a una censura indirecta, a la mexicana.
Fue así que el 6 de noviembre pasado, en oficinas cercanas a MVS en el DF, Aristegui y su equipo reunió a Los Angeles Times, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, McClatchy, The Guardian, The Financial Times y CNN con la idea de que publicaran la historia el mismo día que saliera en Proceso y en su portal, más no en MVS.
Con ese acompañamiento, Aristegui se estaría blindando de represalias del gobierno de Peña Nieto contra MVS. Si la historia alrededor de la adquisición de la “Casa Blanca” salía antes en la prensa internacional, ella no sería señalada como la única promotora del escabroso asunto.
El 7 de noviembre, un día después de la reunión entre Aristegui y la prensa extranjera, el gobierno anunció la cancelación del proyecto del primer tren rápido en México, entre el DF y Querétaro, que había sido otorgado al Grupo Higa, empresa que le vendió la “Casa Blanca” a la Primera Dama.
La prensa extranjera pensó de inmediato que el reportaje, que se habría filtrado antes de publicado, fue la causa de la suspensión de la licitación que habría favorecido a la empresa de la blanca casa “negra” de la Primera Dama. El vocero del gobierno lo negó de manera vehemente.
Todo pareció quedar mas o menos tranquilo entre gobierno, empresa y comunicadora hasta el pasado 15 de marzo cuando, en opinión de muchos observadores, MVS encontró la excusa para despedir a Aristegui, a pesar de que su programa radial estaba entre los tres más escuchados del país.
Off-the-record, algunos analistas opinan que desde hace tres años, MVS estaría buscando la forma de deshacerse de Aristegui.
El despido de Aristegui y su equipo ha dejado un silencio ensordecedor en MVS radio de las mañanas; y en las redes sociales, pocos son los cibernautas mexicanos que hablan de otra cosa, salvo para asociarlo con el caso #Aristegui.
En Twitter, #EndefensadeAristegui y #AristeguiSeQueda encabeza la lista de tópicos más comentados en México e incluso aparece entre las tendencias mundiales de esa red social. Y con #MexicoWantsAristeguiBack, miles de mensajes lo han colocado en primer lugar de tendencias en México y el tercero a nivel global.
Por ahora, el incidente ha desplazado a los temas que atormentan desde septiembre pasado a Peña Nieto, tras la desaparición forzada de 43 estudiantes en un operativo de la policía municipal en alianza con el narco que controla la vida en el estado de Guerrero.
El despido de la conductora y su equipo ha sido interpretado como “una arrebatada decisión empresarial, una afrenta a su audiencia” que va más allá del culto a Aristegui. Fue “un nuevo golpe a nuestro precario sistema de equilibrios”, en palabras del académico Jesús Silva-Herzog Márquez.
Otros, como el escritor Juan Villoro, opinan que fue “una muestra más” de que el gobierno de Peña Nieto “no tolera la crítica, los reclamos sociales o la disidencia”.
Para Edgardo Buscaglia, investigador de la universidad de Columbia, es un caso de “inevitable censura autoritaria”. MVS tuvo que “fabricar” un “conflicto laboral ficticio para deshacerse de ella antes de las elecciones de junio” de este año, que el Instituto Nacional Electoral califica como “las más complejas en la historia” con más de dos mil cargos de elección popular en disputa.
“Los principales medios de comunicación son un instrumento político de los gobiernos de turno inmersos en un conflicto de interés sistémico y permanente entre medios y gobiernos (…) los sistemas de otorgamiento de dineros para publicidad o de concesiones son procesos discrecionales 100% politizados”, insiste Buscaglia a IDL-Reporteros.
Gabriel Sosa Plata, el ombudsman de las audiencias de MVS, asegura a IDL-R que en México, “los periodistas y medios que no tienen algún tipo de relación corporativa, amistosa, incluso accionaria con el poder, viven un acoso permanente del poder político, y del económico”.

“Si recontratas a Aristegui, a tu proyecto se lo lleva la chingada”

El empresario Joaquín Vargas, principal accionista de MVS es un excelente ejemplo de la veracidad de esa afirmación del ombudsman.
Hace seis añosMVS abrió el espacio matutino diario de cuatro horas que conducía Aristegui “mientras que los otros (se han mantenido) más cerrados que una monja de clausura”, opina el analista Sergio Aguayo, quien formó parte de una mesa redonda semanal en ese espacio, a IDL-Reporteros.
Dos años después, en 2011, Vargas primero despidió, y luego recontrató a Aristegui, tras admitir que había sido presionado por el gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón para deshacerse de ella.
Todo empezó el 4 de febrero de 2011, cuando, con ese su estilo desafiante pero no siempre armado de datos sólidos, Aristegui lanzó al aire una pregunta sobre el supuesto problema de alcoholismo de Calderón.
“Minutos después, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, Coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista”, relató Vargas días después en una extensa conferencia de prensa donde contó las presiones que recibió para despedir a Aristegui a cambio de expandir su negocio de telecomunicaciones con la banda ancha móvil.
“Una vez dada a conocer la salida de Carmen Aristegui de MVS, y en función de la fuerte reacción ciudadana, nuevamente recibí llamadas y mensajes en las que me exigían, una vez más, aclarar que el Gobierno no tenía injerencia alguna en su despido y que era una decisión de la empresa. Por supuesto, me negué a ello.”
Y continuó contando que el entonces Secretario del Trabajo Javier Lozano le dijo: “hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz, tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este Gobierno hasta su último día”.
Hoy, con esos antecedentes, no es raro que la mayoría dude de la versión oficial de MVS en relación al despido de la controversial comunicadora y su equipo.
“Siempre he creído que para MVS éramos primero una moneda de cambio en sus negociaciones con el gobierno”, reflexiona Aguayo en charla con IDL-R.
Diversas versiones aseguran que hoy en día, hay negociaciones en curso entre el gobierno y la empresa de Vargas, grupo multimedia que opera cinco estaciones radiofónicas en América Latina y que busca ampliar la concesión que recibe del gobierno para transmitir sus diversos contenidos en sistemas de televisión abierta.
De lo que no hay duda es que el pasado 12 de noviembre, dos días después de que saliera a luz pública el reportaje de la Casa Blanca en el portal Aristegui Noticias, el oficial Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró “improcedente” modificar la concesión de MVS para ofrecer en abierto su canal de cable. La empresa informó entonces que impugnaría la negativa.
Y, en los últimos dos años, el IFT ha multado a MVS en varias ocasiones, por razones diversas, pero en decisiones que muchos han interpretado como el precio que MVS ha tenido que pagar, ante el gobierno, tanto el actual de EPN como el anterior, por mantener a Aristegui seis años en el cuadrante.
“Carmen ha sido una voz muy incómoda para los poderes gubernamentales y los fácticos (…) es una periodista incómoda para el status quo. La familia Vargas ha pagado durante mucho tiempo el precio político y monetario por sostener a Aristegui”, concluye la experta en medios Aleida Calleja a IDL-Reporteros.

jueves, febrero 26, 2015

México carga su historia a flor de piel: Sergio Ramírez



Su relación con México empezó hace casi medio siglo, cuando llegó por primera vez al DF con la “osadía” de que le publicaran un cuento por el que recibió, de manos de Agustín Yáñez, su primer diploma literario. En esa misma visita, Joaquín Díez-Canedo lo introdujo al grupo de “Los Divinos”, integrado por Salvador Novo y Alí Chumacero, entre otras luminarias.

Fue así que México se convirtió en la “patria literaria” del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien acaba de recibir la segunda edición del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español, por su “literatura comprometida con una alta calidad literaria”.

En entrevista con EL FINANCIERO asegura que “México es una palabra que puede ser sustituida por muchas otras, como mágico”, porque es “un gran mural en movimiento”, un país “de enormes contrastes” que carga con su historia “a flor de piel”: desde la “megalópolis” que es el DF, el México rural de Juan Rulfo, hasta el folclor sanguinario de los narcocorridos y la narcocultura.
Para el escritor, vitoreado por el jurado como “un intelectual libre y crítico de alta vocación cívica”, la violencia desatada ahora en México es producto de lo que él define como “una centroamericanización”.

“La violencia conspira contra el estado de derecho, y el crimen organizado trata de fracturar y debilitar las instituciones, penetrar las fuerzas de seguridad, corromper, y sustituir el estado, como ocurre hoy en Honduras, Guatemala, El Salvador”, explica el también Premio Alfaguara 1998.

Y es que, abunda, “la violencia ha sido endémica en Centroamérica”, desde “la violencia revolucionaria de los años 80” del siglo pasado, hasta “la violencia de los cárteles de la droga, de los grupos delictivos y de las pandillas, que conspiran contra el estado de derecho”.

En el caso de México, “quedan preguntas abiertas, cierto, como de dónde salieron las bandas de narcotraficantes. A fuerza, se ha creado una narcocultura, que también es parte del México contemporáneo, del México de los inmigrantes pobres que son asaltados, asesinados y atrapados en la frontera con Estados Unidos. Todo esto al lado de la enorme grandeza de su cultura, de sus escritores, de su patrimonio histórico”, reflexiona.

Ficción vs. Política

De andar y hablar pausado, casi andino, pero alto, altísimo, y muy centroamericano, Sergio Ramírez admite que el Premio Carlos Fuentes, dotado de 250 mil dólares, lo ha “elevado” a una categoría distinta y sin duda ha alimentado su vanidad. “Detesto escribir para ganar premios. Pero cuando uno los recibe, hay que disfrutarlos”.

El halago es doble cuando se trata de un premio que lleva el nombre de su maestro y cuyo primer galardonado fue nada menos que el peruano y Nobel Mario Vargas Llosa.

No se siente un “animal político” y no le gusta que lo asocien con la política. Pero su participación en la Revolución Sandinista no pasó desapercibida.

Fue vicepresidente, al lado de Daniel Ortega, en 1984. Antes, opositor a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y también líder del Grupo de los Doce, integrado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y políticos que apoyaban al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Militante comprometido y protagonista del sandinismo hasta que, a fines del siglo pasado, se retiró de la política para dedicarse de lleno a la literatura.

De ello da cuenta de manera somera, sin recurrir a documentos ni archivos, en el ensayo biográfico Adiós muchachos (Alfaguara,1999). Pero ese libro breve, inspirado únicamente en sus recuerdos de la revolución, no es su memoria política.

“No pretendía aburrir a nadie con todos los detalles minuciosos de mis memorias. No quería que fuera visto como el libro de un disidente, me repugna esa palabra”.

El año pasado se publicó Juan de Juanes (Alfaguara 2014), su biografía literaria. Sabe que le hace falta la política. Pero, insiste, preferiría escribir un cuento como lo haría un narrador sobre su participación en la Revolución Sandinista o contársela a otra persona.
“Es cierto que yo tengo mucho que contar. Si alguien un día se sentara conmigo micrófono en mano con una grabadora y yo comenzara a responderle preguntas sería más fácil para mí que sentarme a escribirlo todo. La verdad no sé si interesa tanto hoy en día…”.

Más que la verdad histórica, de hecho, al autor de Margarita está linda la mar le preocupa la realidad que refleja la literatura, y la que crea el novelista, que a veces termina siendo la verdad que todos prefieren creer.

“Ahora hemos regresado al concepto Cervantino de novela. Novela es todo”, alega. Los pilares de su trabajo como escritor siempre han sido “diluir la historia real dentro de la ficción y crear una realidad paralela, que termina siendo la verdad. Es la gran arrogancia del escritor y al mismo tiempo, el gran triunfo del novelista”, confiesa.



viernes, enero 02, 2015

Una mentira de colores

Sus finísimas, larguísimas y estilizadas patas, eran la envidia de sus compañeras. En telas desprolijas, sabía desplazarse con garbo. Se columpiaba con estilo desenfadado y señorial, cual trapecista. Hubo quienes juraron que lo hacía cantando. Nunca empañó sus ojos vidriosos con horizontes foráneos ni sus saltos almidonados con sueños laberínticos fuera del entorno en el que se movía con destreza magistral.
Era la reina y la más ágil.
Una noche de luna cuarto menguante, mientras se mecía displicente, sus gracias se convirtieron en desgracias. Se encontró sola, todos la evitaban, dejaron de aplaudir sus acrobacias. Y ella necesitaba público. Pensó en cambiar, ser una más del montón. Demasiado tarde. Ya la habían aislado de todas las colmenas.
Y una tela pegajosa se le había enredado entre las patas. Quiso cantar pero no pudo, quizás nunca había podido.
Aturdida, buscó con sus desorbitados ojos rojos el charco estancado ahí abajo. No vio nada. Se horrorizó. En realidad, nunca se había visto reflejada.
Tenía que columpiarse como solo ella podía para zafarse de la tela que finalmente cedió. Cayó al charco, cegada por una oscuridad para ella desconocida, y sin sus patas.
Al contacto con el agua lodosa, su pequeñísima caparazón cambió de forma. Se convirtió en una suerte de caja negra que disparaba colores, colgada entre el cielo oscuro de la noche y la avenida principal de una ciudad ruidosa, sin colmenas.
Emitía el color rojo. Los coches se detenían ante ella. ¿O él? ¿Qué sería? No lo sabía. Se había transformado en un aparato que despedía luces rojas, anaranjadas y verdes, y que ahora, estaba en rojo, el tiempo suficiente para ver que la noche transitaba lenta, y que, iluminados por los faros de uno de los autos, un par de niños vestidos de payasitos realizaban malabares con antorchas de fuego.
El espectáculo duró poco menos que un cambio de sus luces, de rojo a anaranjado. Creyó distinguir que el más pequeño de los acróbatas sometidos a su mando se acercaba a todos y cada uno de los coches pidiendo unas monedas.
La araña convertida en semáforo fue testigo. La mirada del pequeño se estrelló con las ventanillas cerradas y la indiferencia de los conductores. Y no pudo hacer nada. Ahora emitía una luz verde. Los coches arrancaron con furia y los payasitos se refugiaron en una esquina. Y ella, prisionera de una caja ahí arriba, no controlaba sus luces, que se habían convertido en su esencia. ¿Dónde habrían quedado sus patas?

domingo, noviembre 30, 2014

México: días de rabia… "ya me cansé"

http://www.confidencial.com.ni/articulo/20255/mexico-dias-de-rabia-hellip-quot-ya-me-canse-quot

El hartazgo popular contra la impunidad emplaza al régimen de Peña Nieto y pone en crisis a la izquierda mexicana agrupada en el PRD: Cuauhtémoc Cárdenas presentó este miércoles su renuncia al partido que fundó hace 25 años. ¿Marcará esta masacre un antes y después? 

María Lourdes Pallais | México DF, especial para Confidencial | 26/11/2014  
@mlpallais
Marisa Mendoza creyó reconocer a su esposo en una macabra foto difundida en redes sociales donde aparecía su cadáver como “no identificado”. La joven no se equivocó. Era él, Julio César Mondragón Fontes, estudiante de magisterio de la Escuela Normal de Ayotzinapa fundada en 1926 en el ahora convulso estado mexicano de Guerrero.
No tenía ni un mes de haberse estrenado como papá. La noche del pasado 26 de septiembre Julio César había sido desollado vivo -el rostro arrancado, los ojos extraídos- y su cadáver abandonado en una calle de Iguala, una ciudad de 140 mil habitantes, a unos 200 kilómetros al sur de la capital mexicana.
El normalista de 22 años fue una de seis personas, incluyendo tres estudiantes, asesinadas esa noche, tras enfrentamientos con agentes municipales y sicarios por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca, hoy preso esperando condena por homicidio, delincuencia organizada y secuestro.
Esa misma noche y en el mismo lugar, mientras la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, bailaba celebrando sus logros al frente de la institución pública local de asistencia social, la policía municipal detuvo a 43 compañeros de Julio César, y los entregó al grupo delictivo Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva que opera con impunidad en Guerrero.
Las autoridades han asegurado que los agentes del orden operaban bajo instrucciones del edil, candidato ganador en 2011 por el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien buscaba impedir que Mondragón Fontes y sus compañeros “sabotearan” la fiesta de su esposa.
Los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, donde se educó el maestro rural y célebre guerrillero Lucio Cabañas, viajaban hacia Iguala en dos autobuses comerciales que habían secuestrado; al verse emboscados, tiraron piedras y los policías respondieron con balas. A la fecha sigue pendiente el proceso jurídico de 22 policías encarcelados por el delito de homicidio.
Citando a tres sicarios detenidos que habrían llevado a cabo la operación en coordinación con la policía municipal, el fiscal general Jesús Murrillo Karam informó en conferencia de prensa que los 43 jóvenes habían sido asesinados, sus cadáveres calcinados y tirados a un basurero en una especie de cráter cerca de Iguala.
Pero el procurador aclaró que para confirmar su identidad, los restos hallados habían sido enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria. Es decir, por ahora, los 43 normalistas, siguen en calidad de “desaparecidos”.
Lo que quedó claro a raíz de los testimonios de los sicarios, es que habían cadáveres descompuestos sin identificar en la zona de Cocula, cercana a Iguala. Entre ese hallazgo, y el de otras fosas comunes hasta ahora desconocidas, también quedó claro que los 43 jóvenes no han sido los únicos “desaparecidos” en Guerrero.
De hecho, solo en ese Estado, entre 1969 y 1985, el gobierno mexicano ha sido responsable por la desaparición de por lo menos 512 personas, según un reciente informe de la Comisión de la Verdad de esa entidad en el suroeste mexicano.
Desde 2010 hasta fines de octubre pasado, más de 20 mil personas han sido consideradas desaparecidas en México por la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tenía un registro de casi 28 mil personas que en seis años sufrieron la misma suerte.
En tanto, las indagaciones sobre los normalistas “desaparecidos” continúan con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un acuerdo con el gobierno que establece la elaboración de planes de búsqueda, análisis técnico de las líneas de investigación y un plan de atención integral a las víctimas.
La Conferencia del Episcopado Mexicano se ha unido al enojo popular frente a lo que llamaron “diversas formas de injusticia, inequidad, indiferencia, inseguridad, miseria, corrupción, impunidad, violencia y muerte”. Y ante el “espeluznante descubrimiento de fosas clandestinas, unimos nuestra voz a la del pueblo de México, del cual formamos parte, para gritar: ¡Basta ya de tanta corrupción, impunidad y violencia!”.
Daños colaterales 
Mientras México expresa su indignación por la ausencia de los normalistas, y por lo que muchos consideran es la falta de interés e indiferencia del gobierno en investigar, y resolver, el caso, el PRD sufre las consecuencias de haber impulsado la carrera política de “la Pareja Imperial” de Iguala, como se conoce a los Abarca.
Ambos tienen años de mantener vínculos estrechos con el crimen organizado. Él, quien pasó de vender sombreros de palma y huaraches en un tianguis, a ser empresario joyero y dueño de complejos comerciales, pagaba entre dos y tres millones de pesos mensuales a “Guerreros Unidos”.
Ella, la principal operadora de la organización delictiva desde la Alcaldía, es, junto con su esposo, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de seis, incluyendo a Mondragón Fontes, y la “desaparición” de sus 43 compañeros. A pesar de que los vínculos de sus padres y hermanos con el narco nunca fueron un secreto, versiones diversas aseguran que el grupo hegemónico del PRD (conocido como “los Chuchos”) la promovía como próxima presidenta municipal o diputada federal.
El gobernador de Guerrero, el también perredista Ángel Aguirre (militante del Partido de la Revolución Democrática PRI hasta 2010) se vio obligado a renunciar tras la presión de los normalistas y de padres de los 43 desaparecidos que rechazaban su participación en las investigaciones.
Así, la imagen del PRD se Ha visto seriamente afectada y el partido está atravesando lo que muchos califican como la peor crisis desde su fundación hace 25 años. Cuauhtémoc Cárdenas presentó este miércoles su renuncia "irrevocable" al PRD, que él fundó hace 25 años y después de haberlo dirigido y de ser su candidato presidencial en 1994 y 2000, informa la agencia EFE. "De manera irrevocable presento mi renuncia como miembro del Partido de la Revolución Democrática", señaló Cárdenas en una carta a la actual dirigencia partidista, debido a los desacuerdos por la forma de conducción de la agrupación y las decisiones tomadas por el nuevo Comité Ejecutivo.
Hay más. Los senadores perredistas están enfrentados con “los Chuchos” -a quienes acusan de no haber mostrado “voluntad” para aclarar los hechos en torno a la masacre en Iguala-, y ANTES DE SU PROPIA RENUNCIA, el “líder moral” del partido EXIGIO la DE Carlos Navarrete, presidente de esa agrupación política, y la del Comité Ejecutivo Nacional.
El PRD no ha sido la única institución afectada por la tragedia en Iguala. La imagen de modernidad que tenía el flamante gobierno del priista Enrique Peña Nieto también ha perdido adeptos, especialmente en el extranjero.
Hasta hace unos meses, el mundo entero elogiaba el actuar del presidente, calificado por moros y cristianos como “prágmatico y eficaz”. Había logrado la aprobación de reformas “de envergadura” en un Congreso dividido. El país pasó de ser cliente asiduo de la nota roja a encabezar las páginas de negocios de la prensa internacional.
La luna de miel duró pocos meses. El New York Times ha calificado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa como otra prueba de la descomposición del sistema judicial mexicano.
A pesar de que antes había elogiado las reformas estructurales en materia energética como un avance, en un reciente editorial titulado “De mal en Peor”, The Economist aseguró que se trata de la peor crisis de la administración de Peña Nieto. Centrarse en la economía no ha disminuido los niveles de extorsión y secuestro, señaló el diario.
En casa, 60 por ciento de la población ha reprobado su gestión económica, según una encuesta del Pew Research, que también revela un rechazo mayoritario a su reforma energética.
Ya desde junio pasado, Peña Nieto había sufrido un serio revés doméstico y entre organizaciones de derechos humanos.
Sucedió cuando, en el municipio de Tlataya, Estado de México, militares llevaran a cabo una “ejecución extrajudicial” de 15 presuntos integrantes de una organización criminal, incluyendo dos menores de edad. Ello pese a que los supuestos delincuentes ya se habían rendido y estaban desarmados, reveló la CNDH.
Según las encuestas, la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los mexicanos. Un 79 por ciento opina que el crimen es un “gran problema”, casi el mismo porcentaje que el año pasado. Y siete de cada 10 creen que las autoridades no atraparán a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Ya no queda duda. La estrategia de seguridad del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que optó por ignorar el tema de la inseguridad de tajo, ha dejado de funcionar.
Human Rights Watch manifestó hace poco que las ejecuciones en Tlataya fueron “una de las mas graves masacres ocurridas en México” mientras que Amnistía Internacional ha reclamado que el gobierno de Peña Nieto es responsable por la falta de investigación sobre el caso de los normalistas de Iguala.
Tras esa masacre, parece imposible soslayar los vínculos del Estado con la actividad del crimen organizado, temas que el especialista en asuntos de seguridad y narcotráfico Edgardo Buscaglia tiene años de señalar como cruciales en México. En su opinión, la delincuencia organizada en México es una delincuencia de Estado.
Cauce de la rabia contenida
Hoy, la furia popular está desatada. La indignación parece imparable. Los padres de los normalistas desaparecidos desconfían del gobierno y rehúsan aceptar que sus hijos estén muertos. Al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, miles se les han unido en protestas históricas no exentas de algunas expresiones de violencia que muchos atribuyen a “infiltrados”, “halcones” o “fuerzas de choques”.
La marcha del pasado 20 de noviembre estuvo encabezada por tres caravanas de padres de normalistas coreando slogans como “Muera Peña”, “Ya me cansé de tener miedo de ser estudiante”, “No quiero ser el 44, tampoco el 45”. En la más absoluta tranquilidad, decenas de miles llegaron al centro de la capital contando a gritos del 1 al 43 y exigiendo justicia.
La “Cuarta Jornada de Acción Global por Ayotzinapa”, una multitudinaria “fiesta de protesta social” de mas de 30 mil personas, donde destacaban manifestantes de la tercera edad, madres de familia con sus hijos en brazos y jóvenes entusiastas, terminó en enfrentamientos en el Zócalo capitalino, con 15 personas detenidas y ocho periodistas agredidos.
Minutos antes de unirse a la movilización, como advirtiendo lo que pasaría, Pedro Miguel, un periodista y conocido activista social, escribió en su página de Facebook: “Para recuperar el país debemos empezar por cuidarnos a nosotros mismos. No infiltrados, no confrontaciones, no provocaciones.”
La prestigiada comunicadora Carmen Aristegui fue incluso más lejos.  “La autoridad debería de investigar de donde vienen estas expresiones de violencia en manifestaciones pacíficas”, dijo en su programa de radio.
No era la primera vez desde la masacre de Iguala que una marcha pacífica se vio machada por provocaciones que, en esta ocasión, la policía trató de reprimir barriendo el Zócalo. Antes, hubo quemas al Palacio de Gobierno de Guerrero, a las instalaciones de la Alcaldía de Iguala y a la puerta del Palacio Nacional en la capital del país. Encapuchados atacaron la sede del oficialista PRI en Veracruz.
El pasado 15 de noviembre dos personas resultaron heridas por disparos de granaderos en un intento fallido por desalojar a estudiantes que, en señal de protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa, ocuparon el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Osorio Chong se disculpó entonces. Fueron “imprudentes” los policías que violaron la independencia de la casa de estudios, declaró.
Y Peña Nieto, quien ha asegurado entender el hartazgo masivo por la impunidad, insiste que es ilegítimo exigir justicia con actos violentos, ha rechazado una y otra vez, el “vandalismo” que busca “generar desestabilización” y “desorden social” sobretodo “contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”.
La Negra Casa Blanca de La Gaviota
Fue casualmente para defender ese “proyecto de nación” que, en medio de críticas por su “insensible” decisión, Peña Nieto consideró prioritario ausentarse para asistir a la Cumbre de APEC en China y del G20 en Australia. Lo hizo tras reunirse con padres de las víctimas de Iguala durante cinco horas, y solidarizarse con la tragedia.
Para citar al jefe de Estado, “fortalecer el diálogo político al más alto nivel” y “fomentar intercambios comerciales” con países de esa región era lo suficientemente importante como para ignorar exhortos de padres de normalistas desaparecidos quienes, en un mitin en el Zócalo capitalino, le pidieron que se quedara.
“Se va de gira el presidente Enrique Peña Nieto con la cara de vergüenza porque no ha sabido gobernar a un pueblo valiente”, le reclamó al mandatario Felipe de la Cruz, vocero de los familiares.
Lo que Peña Nieto y sus asesores seguramente no sospecharon fue que, amén del drama mayúsculo de los normalistas, un escándalo lo recibiría a su regreso; “un asunto medular” para México, difundido de manera amplia en la prensa nacional e internacional, que añadió leña al fuego de la hoguera prendida tras Ayotzinapa.
Una  investigación del portal Aristegui Noticias reveló que, días después de casarse con Peña Nieto, la empresa Televisa Talento S.A. de C.V. “transfirió” una lujosa residencia con valor de unos siete millones de dólares a la ahora Primera Dama, Angélica Rivera, conocida como “La Gaviota”, por su papel en una popular telenovela del Canal de las Estrellas.
La clave del reportaje era que Rivera había adquirido la llamada “Casa Blanca” de una filial del Grupo Higa, constructora que obtuvo contratos millonarios cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, lo apoyó en su campaña presidencial y es una de las empresas del consorcio que ganó la licitación de un tren rápido México-Querétaro, revocado por el gobierno priista horas antes de la publicación de la investigación periodística.
Días después del regreso de la pareja de la gira oficial, en un video transmitido por Televisa en horario estelar, la ex actriz, en tono molesto, aseguró no tener “nada que esconder” e hizo un recuento detallado de sus ingresos gracias, dijo, a su larga y exitosa carrera. Al final de su testimonio concluyó que, para poner fin al agravio contra su familia, había decidido vender los derechos al contrato de la casa de sus sueños.
Pero en sus declaraciones la Primera Dama no disipó dudas sobre el posible tráfico de influencias en el tema de la adquisición de “la Casa Blanca”, lo que hoy está en el centro de las críticas, que no cesan.
Poco después de la difusión de su mensaje, el analista Jesús Silva Herzog Márquez escribió en twitter: “El problema nunca fue el patrimonio de Angélica Rivera sino el conflicto de interés. Quien debía dar la cara era su marido...” Y agregó una pregunta en la boca de muchos en México: “Si la adquisición de la casa fue limpia, ¿por qué deshacerse de ella? Si la licitación fue legal, ¿por qué revocarla? Respuestas que acusan”.
¿Un antes y un después de Ayotzinapa?
Han sido dos meses de catarsis colectiva en México. La tragedia en Iguala parece haberle dado cauce a un remolino de rabia contenida por años; ha sido un “momento de inflexión” para algunos, “un referente sobre el quebranto de una transición traicionada” para otros, o “una mojonera para ver el pasado”.
La masacre no es la primera de ese tipo en el México “democrático” del siglo 21, luego de que el PRI fuera derrocado de la silla ejecutiva en el año 2000. Pero es la segunda gran crisis del primer gobierno del tricolor este siglo. Y los expertos coinciden que el manejo no ha sido el más afortunado.
En por lo menos tres casos que antecedieron a las masacres de Tlataya y de Iguala ni un solo presunto culpable ha sido condenado hasta ahora.
En 2011, cuatro meses antes de que Felipe Calderón le entregara el poder a Peña Nieto, 52 personas murieron calcinadas en un casino de Monterrey, el corazón industrial de México y capital del pujante estado fronterizo de Nuevo León, controlado en buena medida por uno de los más sangrientos cárteles de la droga, los Zetas.
En marzo de ese mismo año, 72 inmigrantes fueron asesinados por negarse a integrar a la banda de los Zetas en San Fernando, Tamaulipas. A la fecha, solo hay 11 detenidos y 12 cadáveres permanecen en fosas comunes en espera de ser identificados.
Y en 2009, 50 niños murieron calcinados en una guardería de Hermosillo, vecina a una bodega donde se guardaban archivos de la tesorería del gobierno federal que se quemaron junto con  los infantes. El gobernador y la esposa del entonces presidente Calderón eran socios de la guardería. Hoy, unas 25 personas han sido procesadas pero ninguna guarda prisión.
Si bien es cierto que los seis años de gobierno de Calderón no estuvieron exentos de protestas masivas en las calles, es hasta hoy que las marchas parecen haber logrado  unir, como poco se veía en México desde los años 60 del siglo pasado, a una sociedad civil que estuvo fragmentada durante décadas.
Y es que la masacre de Iguala ha sido un parteaguas porque, aunque el gobierno lo niegue, es un crimen de estado, por lo menos jurídicamente hablando, en opinión de expertos como Sergio Aguayo y Santiago Corcuera.
“Una cosa es que no pueda atribuírsele la responsabilidad directa al presidente, y otra muy distinta decir que las desapariciones ocurridas en Iguala no son un crimen de Estado. La desaparición forzada es siempre un crimen de Estado”, escribió Corcuera, jurista y defensor de los derechos humanos.
La rabia popular tiene un enemigo común, de acuerdo con Aguayo. “Es un enojo antisistémico anticipado en todas las encuestas de opinión. No nos gusta el funcionamiento de la democracia y hay tres causas concretas para la desafección: corrupción, inseguridad y falta de empleos”, afirma el experto a Confidencial.
Para Buscaglia, quien opina que México está en un “punto de inflexión”, es posible que las movilizaciones sociales logren “una agenda de cambio que realmente simbolice un pacto de seguridad” pero “la sociedad civil no es la que va a limpiar al Estado”.
Los Abarca solo son “peones políticos”. Hay que denunciar a “los alfiles, las torres, los empresarios” que permitieron la impunidad del reino de la Pareja Imperial, argumenta Buscaglia. “La prioridad es encontrar a los 43, pero lo es también cambiar el sistema político que propicia ese y otros crímenes”, escribió el analista en twitter.
De hecho, el reclamo popular es por una investigación transparente, la elaboración pública de un paquete de medidas que aseguren el desmantelamiento de las redes del crimen organizado que operan dentro del gobierno y que finalmente haya justicia contra los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, no solo el de Iguala.
Ello implicaría encontrar a los “corruptos que han evadido la justicia –sean del partido que sean–, abrazar la transparencia con seriedad y ponerse del lado de las víctimas”, opina Aguayo. Si no sucede eso, la más reciente masacre en Iguala solo será “un referente sobre el quebranto de una transición traicionada”, concluye el experto.

jueves, agosto 29, 2013

La última letra: la Z

http://idl-reporteros.pe/2013/08/27/la-ultima-letra/

La última letra

Convirtieron la Zeta en sinónimo de violencia, crueldad, terror con fines de lucro. Ahora, las capturas o muertes de varios de sus líderes, ¿significan que a la organización de la última letra le llegó la última hora, o que se ingresa a otro ciclo de sangre con sus reemplazos?

Foto
(Arriba izq.) Mario Armando Ramírez Treviño, “El Pelón” o “X-20”, líder del Cartel del Golfo. (Arriba der.) Miguel Ángel Treviño, el Z-40, líder de los Zetas. Ambos capturados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. (Abajo) Soldado enmascarado de la Armada mexicana y miembros de la Policía Federal.
Por María Lourdes Pallais.-
Más de 20 capos del narcotráfico fueron muertos o capturados en México durante la presidencia de Felipe Calderón, cuya guerra contra el narco dejó una estela sangrienta de por lo menos 60 mil muertos.  Tres mil muertos por cada capo neutralizado.
El último logro operativo de Calderón fue el abatimiento de Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, conocido también como el Z-3.
El sucesor de Calderón en la presidencia mexicana, Enrique Peña Nieto, acaba de cumplir ocho meses en el poder y ya puede jactarse de dos capturas importantes: del temible líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño, el Z-40; y de Mario Armando Ramírez Treviño, “El Pelón” o “X-20”, líder del Cartel del Golfo. La cabeza de ambos tenía precio en dólares y en pesos, y Estados Unidos podría solicitar la extradición de los dos en cualquier momento.
Así, a pesar del discurso crítico de Peña Nieto contra la estrategia de su predecesor, poco o nada ha cambiado. El nuevo gobierno no ha logrado inventar una nueva fórmula que no solo elimine los cabecillas sino también a la violencia.
“Los Zetas”, un grupo terrorista con fines de lucro, sin agenda política, se mantiene activo en México y la frontera con Estados Unidos. Pero también sus archi-enemigos, el cartel del Golfo, que controla el tráfico de cocaína y marihuana a través de Matamoros (capital del estado de Tamaulipas) hacia Estados Unidos.

De gustos y redes
Gusta comprar caballos estadounidenses de carreras para lavar dinero. Tiene diabetes y está muy enfermo, según un sitio online que publica información anónima sobre los movimientos, tácticas y personajes de los narcos en México.
México ofrece 30 millones de pesos y Estados Unidos, cinco millones de dólares por su cabeza.
Es Omar Treviño Morales, alias Z-42, ahora capo de “Los Zetas”. Nació el 26 de enero de 1974 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es hermano, y era brazo derecho, de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, arrestado el pasado 15 de julio. Como él, creció en Dallas, Texas, y domina el inglés. Es producto bicultural de esa zona fronteriza y aprendió los trucos de su hermano pero aún no está claro si tiene la misma capacidad operativa.
Miguel Ángel Treviño Morales, líder de los Zetas.
Miguel Ángel Treviño Morales, líder de los Zetas.
¿Podrá seguir cultivando las redes que tejió su hermano en Estados Unidos, para el trasiego de drogas de Colombia a Estados Unidos? Quién sabe. Tiene que empezar por lograr el apoyo de Román Ricardo Palomo Rincones, “El Coyote”, jefe de las células encargadas del secuestro de migrantes e integrantes de grupos rivales. Y de Maxiles Barahona, “El Contador”, otro de los hombres fuertes de los “Zetas”.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusó a su suegro, Jesús Fernández de Luna, a su cuñado Gerardo Fernández de Luna y al hermano de su suegro, Emilio Guillermo González Muñiz, todos accionistas de la empresa Ganadería 5 Manantiales, de “involucrarse en actividades de narcotráfico para el violento Cartel Los Zetas”.
Así recibe el reinado criminal el Z-42, heredero de un hermano famoso por utilizar el miedo para controlar comunidades y periodistas, y de Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, conocido también como “El Verdugo”, por años el máximo jefe de ese grupo, abatido hace 10 meses en un enfrentamiento militar en el estado fronterizo de Tamaulipas.
La firma de inteligencia en temas de seguridad Stratfor considera que el futuro de esta organización criminal dependerá de su capacidad para sustituir al Z-40, lo cual con anterioridad ha demostrado hacerlo con facilidad.
“El arresto de Treviño puede cambiar sustancialmente el paisaje criminal de México, si Los Zetas comienzan a desintegrarse en su ausencia”, indica en un análisis. Stratfor duda que esto suceda. De hecho, atribuye su “éxito” a su capacidad para reemplazar a sus dirigentes –incluso a sus más experimentados capos.

Entre brujas y leones
Si a los hermanos Treviño les gustan los caballos, el “Lazca” prefería los leones, las rubias y la caza mayor. Lazcano era muy religioso, devoción que lo llevó a pagar la construcción de una capilla en Pachuca, Hidalgo, donde vivió de adolescente. Ahí también habría mandado a construir un mausoleo. Tenía ranchos con leones y otros animales salvajes en jaulas para torturar a sus víctimas, generalmente agentes de la Policía Federal, y arrojarlas a sus fauces para eliminar evidencias.
Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, abatido en octubre de 2012.
Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, abatido en octubre de 2012.
A veces llevaba una cadena y un dije de oro con las iniciales GECG (Grupo Especial del Cartel del Golfo), como cuando en 2008, contrató a una “bruja” para que le leyera los caracoles. Y ella “fue contundente: Heriberto Lazcano traía la muerte siempre con él”, según cuenta la reportera Icela Lagunas en Reporte Índigo.
Cuatro años después, integrantes de la Marina de México lo mataron en un operativo en Coahuila. ¿O no? Hubo dudas los primeros días pero las autoridades difundieron fotos como evidencia de que sí fue eliminado.

Se rompió la Pax Mafiosa
Que el occidente de México sea una bomba de tiempo, todos lo saben. Que la Costa del Pacífico, con las mejores playas turísticas del país, esté bajo amenaza de nuevo, no es una sorpresa. Que en Michoacán, el estado natal de Felipe Calderón, haya vuelto a estallar la violencia, tampoco. Pero que la Ciudad de México, estado autónomo, haya perdido el aura de ser la urbe más segura del país, sí son palabras mayores.
El ex alcalde de la capital, Marcelo Ebrard, solía llenarse la boca diciendo que era una de las ciudades más seguras del mundo, una burbuja de paz. Ese mito terminó en mayo pasado, con la misteriosa desaparición de 12 jóvenes del bar “After Heaven” (ver: “El Narco y el PRI”).
A pesar de que nunca ha sido un secreto de que el narco utiliza la Ciudad de México como centro de operaciones o escondite, por décadas, Ebrard y sus antecesores de la izquierda lograron contener las disputas entre las bandas. Había una división de territorios; una “hermandad policial” que actuaba como árbitro entre los grupos criminales; si saltaban chispazos, los policías ponían orden.
Marcelo Ebrard, ex alcalde de Ciudad de México.
Marcelo Ebrard, ex alcalde de Ciudad de México.
Pero el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el antes fiscal y ahora alcalde de la Ciudad de México, negaba que el incidente del “After Heaven” haya tenido nexos con el narco. De hecho, un informe de Lantia Consultores, firma de análisis con sede en la Ciudad de México, dado a conocer por el buró independiente In Sight Crime, Crimen Organizado en las Américas, informó que “por mucho tiempo”, las autoridades capitalinas han buscado minimizar la violencia, en comparación con otras entidades de la frontera norte, incluso con zonas violentas de Estados Unidos.
Lo que sucede en la Ciudad de México es que se rompió, a decir de Edgardo Buscaglia, la “Pax Mafiosa” que se hace, “con o sin el conocimiento” del jefe de gobierno, entre los operadores políticos de turno.
Se rompió porque Mancera “se quiere desvincular de la base política” de sus antecesores y para hacerlo, se ha visto obligado a soltar el vínculo con sus sistemas operativos y perder el control. El resultado: “la delincuencia organizada opera con fortaleza y con violencia frente el gobierno de Mancera que ha perdido el control del territorio”, dice Buscaglia a IDL-R.
Miguel Ángel Mancera, antes fiscal y ahora alcalde de la Ciudad de México. (Foto: Poderenlínea.com).
Miguel Ángel Mancera, antes fiscal y ahora alcalde de la Ciudad de México. (Foto: Poderenlínea.com).
Mientras Mancera busca “establecer una huella propia e institucionalizar el DF”, no ha logrado reunir al talento necesario para “generar un mecanismo de control informal y tácito”, como el que tiene Peña Nieto, añade el experto.
En ese escenario, la Ciudad de México sigue sin tener una estrategia de seguridad con “participación ciudadana en su proceso de delineación y de aprobación”, sentencia Buscaglia.
No hay vuelta de hoja. La capital mexicana ha perdido su papel tradicional como un “sitio neutral” en los conflictos del crimen organizado que disputan territorios del país♦http://idl-reporteros.pe/2013/08/27/la-ultima-letra/