domingo, febrero 05, 2023

López Obrador "se aprovecha" de Castillo, denuncian en Lima




Con la crisis política peruana el presidente mexicano “jala agua para su molino” en su carrera para erigirse como líder de América Latina, adelantando –por ahora– al presidente electo de Brasil, Lula da Silva, advierten políticos y diplomáticos del país andino. En entrevistas con Proceso, aseguran que la crisis diplomática causada por Andrés Manuel López Obrador ha dividido el bloque antes unido en la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional conformada por Perú, México, Colombia y Chile.

LIMA, Perú (Proceso)— Mientras México se mantenga vivo en la imaginación popular de Perú y en el bolsillo de sus empresarios del sector minero, el “colapso social” de la nación andina –tras un fracasado autogolpe de Estado– servirá de plataforma al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para ganarle a Brasil el liderazgo en América Latina.

Si bien la mayoría en Perú coincide en que el mandatario mexicano se equivoca si piensa que en el depuesto presidente Pedro Castillo descubrió la reencarnación de Emiliano Zapata y Pancho Villa, pocos advierten que López Obrador se ha ubicado, al menos por ahora, por delante del gigante sudamericano en la región, al romper con su bullyíng una larga tradición de respeto hacia los asuntos internos del país andino. 

“Lula (da Silva) debe estar furioso” con su par mexicano porque la polarización, que se ha salido de control en Perú tras la ola de enfrentamientos violentos, con un saldo de unos 30 muertos, ha sido la oportunidad de oro para que López Obrador captara la atención mediática y se proyectara como ‘el defensor’ de un campesino de Cajamarca que llegó a la presidencia por serlo”, asegura Hugo Otero Lanzarotti, comunicador aprista (del partido Aprista Peruano) vinculado al sector de izquierda de ese organismo político.

En Perú la mayoría ha criticado a AMLO por el puesto que parece haberse ganado en América Latina ante los ojos de las clases populares, cuya simpatía se disputa con su colega brasileño Lula. Alberto Otárola, recién nombrado primer ministro del país andino, acaba de pedirle a López Obrador que pare “su incesante intromisión en los asuntos internos de Perú”, solicitud que el mandatario mexicano hasta ahora ha ignorado. Todos le piden lo mismo.

El choque con el gobierno de López Obrador disparó las alarmas en el reciente gobierno de Dina Boluarte y la obligó a crear una suerte de gabinete de crisis de relaciones exteriores. Un grupo de veteranos diplomáticos, que ya ha operado en ocasiones anteriores, al parecer acudió al auxilio de la canciller actual, Ana Cecilia Gervasi –a quien consideran inexperta–, para tripular la nave en el momento de tempestad.

Se trataría del mismo grupo que, en su momento, desbarató los planes de Evo Morales, quien buscaba fundar una confederación andina en Cusco, y de los mismos gestores del Grupo de Lima, conformado por 14 países, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Perú, cuya meta es dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana en la búsqueda de una salida pacífica a su crisis interna.

“Nadie entendía por qué López Obrador decía lo que le daba la gana y nadie reaccionaba en Perú”, señala un integrante de ese grupo que parece querer bajarle la dimensión al enfrentamiento actual entre el gobierno peruano y el mexicano, alegando que “no es una crisis diplomática bilateral” –aunque a todas luces lo sea–, de acuerdo con la fuente que solicitó el anonimato.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2409 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 1 de enero de 2023. 

jueves, febrero 02, 2023

Reflexiones sobre Nicaragua después de 2018 y sobre el asesinato de mi hermano Marcel

 


Muchos de los nicaragüenses que hoy odian todo lo que huele a sandinismo porque lo asocian al ahora gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, poco conocen los detalles de las historias y dramas -heroísmos incluidos- de quienes, como ellos, los críticos de ahora, pelearon con pasión y sin condiciones contra el status quo pre-sandinista, es decir el somocismo.

 

Aquella saga de soñadores empezó a gestionarse el 22 de agosto de 1978, cuando un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asaltó al Palacio Nacional y secuestró a funcionarios claves del gobierno de Anastasio Somoza Debayle, incluyendo a un primo hermano, Luis Pallais Debayle, hermano menor de mi padre y entonces presidente del Congreso.

 

El FSLN dejó ese día una huella que parecía indeleble en América Latina. Los movimientos insurgentes de carácter social y antimilitar –reprimidos y doblegados tras décadas de lucha con pocos éxitos- no habían tenido una saga parecida. Tras un espectacular tiroteo con la Guardia Nacional, en el que resultaron muertas cuatro personas, los sandinistas exigieron como condición para la liberación de los rehenes la libertad de todos los presos politicos, su traslado por avión a México, Venezuela y Cuba y diez millones de dólares.

 

Lo lograron todo. El mundo entero celebró la gesta. El FSLN había logrado unir a las izquierdas y las derechas del siglo XX.  No fue poca cosa.

 

En Nicaragua por supuesto, el encanto de la mayoría también fue fulminante. Miles, de todos los signos políticos y clases sociales, se unieron a aquel movimiento abrumador liderado por guerrilleros que, tras un pasado marxista, agruparon entonces a casi toda la oposición activa al régimen del entonces odiado dictador Somoza DeBayle, cuyo padre había sido calificado por Estados Unidos como “a son of a bitch but our son of a bitch”.

 

Mi hermano Marcel, militante sandinista e idealista hegeliano de 24 años y sobrino de Anastasio Somoza DeBayle, fue uno de miles que respondieron a aquel llamado de sirena. El encantamiento duró poco. Fue asesinado en Managua el 4 de octubre de 1979 en circunstancias hasta hoy misteriosas.  

 

Yo vivía en Nueva York entonces pero no –como lee un reportaje publicado en Magazine de La Prensa- porque estaba huyendo de la revolución sandinista que triunfó en Nicaragua en 1979. Todo lo contrario. Vivía ahí desde mucho antes porque opté por ser libre de mis ataduras familiares en Nicaragua, las mismas que, en mi opinión, terminaron matando a mi hermano, lo haya asesinado quien haya tenido esa osadía.

 

Porque, como mi hermano –aunque nunca con su entrega-, yo simpatizaba con los sandinistas de entonces. ¿Quién no? Quizás solo los que se refugiaron en Estados Unidos después del llamado triunfo del FSLN en julio de 1979.

 

Los nicaragüenses que hoy odian todo lo que huele a sandinismo porque lo asocian con el ahora gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, poco conocen los detalles de las historias y dramas -heroísmos incluidos- de quienes, como ellos ahora, pelearon con pasión y sin condiciones contra el status quo pre-sandinista.

 

Aquella saga de soñadores se gestó el 22 de agosto de 1978, cuando un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asaltó al Palacio Nacional y secuestró a funcionarios claves del gobierno de Anastasio Somoza Debayle, incluyendo a un primo hermano, Luis Pallais Debayle, hermano menoe de mi padre y entonces presidente del Congreso.

 

El FSLN dejó ese día una huella que parecía indeleble en América Latina. Los movimientos insurgentes de carácter social y antimilitar –reprimidos y doblegados tras décadas de lucha con pocos éxitos- no habían tenido una saga parecida. Tras un espectacular tiroteo con la Guardia Nacional, en el que resultaron muertas cuatro personas, los sandinistas exigieron como condición para la liberación de los rehenes la libertad de todos los presos politicos, su traslado por avión a México, Venezuela y Cuba y diez millones de dólares.

 

Lo lograron todo. El mundo entero celebró la gesta. El FSLN había logrado unir a las izquierdas y las derechas del siglo XX.  No fue poca cosa.

 

En Nicaragua por supuesto, el encanto de la mayoría también fue fulminante. Miles, de todos los signos políticos y clases sociales, se unieron a aquel movimiento abrumador liderado por guerrilleros que, tras un pasado marxista, agruparon entonces a casi toda la oposición activa al régimen del entonces odiado dictador Somoza DeBayle, cuyo padre había sido calificado por Estados Unidos como “a son of a bitch but our son of a bitch”.

 

Mi hermano Marcel, militante sandinista e idealista hegeliano de 24 años sobrino de Somoza DeBayle, fue uno miles que respondieron a aquel llamado de sirena. El encantamiento duró poco. Fue asesinado en Managua el 4 de octubre de 1979 en circunstancias hasta hoy misteriosas.  

 

Yo vivía en Nueva York entonces pero no –como lee el reportaje en Magazine de La Prensa- porque estaba huyendo de la revolución sandinista que triunfó en Nicaragua en 1979. Todo lo contrario. Vivía ahí porque opté por ser libre de mis ataduras familiares en Nicaragua, las mismas que, en mi opinión, terminaron matando a mi hermano.

 

Porque, como mi hermano –aunque nunca con su entrega-, yo simpatizaba con los sandinistas de entonces. ¿Quién no? Quizás solo los que se refugiaron en Estados Unidos, incluyendo los familiares cercanos de Somoza Debayle, entre quienes estaba mi propio padre. 

  

Ante la noticia del asesinato de mi hermano, el 5 de Octubre de 1979, viajé a Nicaragua desde Nueva York donde vivía. Lo encontraron muerto, me dijeron –ajusticiado, en un predio en Managua- menos de tres meses después del triunfo de la Revolución Sandinista en la que él creyó y la que apoyó aunque se mantuvo leal a mi padre.

 

Hasta el día de hoy, casi 40 años después, no está claro quién lo asesinó. El dolor que produce no saber quien lo mató lo he superado, hasta cierto punto. Pero mis padres murieron sin saber a ciencia cierta quien fue la mano que le quitó la vida y porqué lo hizo. Claro, ambos tenían  teorías.

 

Mi madre, quien falleció en 2006, nunca se recuperó de esa tragedia. No tengo claro quien fue el responsable para ella, sospecho que culpaba a los “sandinistas”. Lo que sí recuerdo es que cuando llegó a Managua para el funeral, un par de policías jóvenes le demostraron como habían matado a su hijo y ella, no aguantó mas. Y nos tuvimos de que ir de Managua. Todo fue demasiado para ella. Ya había escuchado a Tomas Borge en el entierro de su hijo vociferar: “Marcel fue como una flor limpia en el zacate sucio”.

 

Mi padre, separado de mi madre cuando mataron a Marcel, tampoco superó esa pérdida. Para él, Marcel era un genio, el perfecto, al que debió darle mas atención. Solo le faltó creerlo santo pero no estuvo lejos. Y para él, los sandinistas fueron los responsables de su asesinato, igual que para mi hermano Noel. Solo mi hermana Desirée y yo desconfiamos de las versiones que siempre han circulado.

 

Es decir, no hubo juez ni jurado ni fiscalía encargada de investigar y encontrar al culpable. En la Nicaragua sandinista de entonces luego de su triunfo, la verdad oficial era una. La que circulaba el gobierno. Y era la versión que nosotros los periodistas, citábamos en nuestros despachos.

 

Hoy, el responsable del asesinato de mi hermano sigue siento un misterio. ¿El Chino Negro (versión sandinista)? ¿Un comandante sandinista porque se enteró que Marcel sabía que los sandinistas –no Somoza Debayle- mataron a Pedro Joaquín Chamorro? Nunca lo sabremos a ciencia cierta en mi opinión.

 

Y ese misterio me recuerda a los asesinatos del 2017. Aunque por supuesto, en el caso de los asesinados entonces (las cifras varían), hay evidencia de la CIDH y del GIEI de que la mayoría fueron víctimas de la violencia estatal, policial y/o para militares. El gobierno nicaragüense tiene otros datos que hacen colisión con esos, lo que no sorprende.

 

En el caso del asesinato de mi hermano, la única versión difundida de manera amplia fue la oficinal ---es decir, la del gobierno sandinista.

 

Pero la otra versión –que lo mataron porque había obtenido información de los asesinos de Pedro Joaquín Chamorro, en la que ellos aseguraban que detrás del asesinato estuvo la mano sandinista- es la que los que desconfían de los sandinistas sostienen. Era la versión que defendió mi padre hasta su muerte.

 

Pienso que los nicaraguenses deben de exigir –instaurar, promover, crear- un poder judicial, un sistema legal independiente, soberano, no partidista que NO permita mas impunidad.  Una comisión de la verdad urge. Que no haya más asesinatos que queden en el misterio. Que eso sea cosa del pasado. Y esa es una asignatura pendiente para cerrar heridas aún abiertas.

 

 

 

 

 

 

En Nicaragua por supuesto, el encanto de la mayoría también fue fulminante. Miles, de todos los signos políticos y clases sociales, se unieron a aquel movimiento abrumador liderado por guerrilleros que, tras un pasado marxista, agruparon entonces a casi toda la oposición activa al régimen del entonces odiado dictador Somoza DeBayle, cuyo padre había sido calificado por Estados Unidos como “a son of a bitch but our son of a bitch”.

 

Mi hermano Marcel, militante sandinista e idealista hegeliano de 24 años sobrino de Somoza DeBayle, fue uno miles que respondieron a aquel llamado de sirena. El encantamiento duró poco. Fue asesinado en Managua el 4 de octubre de 1979 en circunstancias hasta hoy misteriosas.  

 

Yo vivía en Nueva York entonces pero no –como lee el reportaje en Magazine de La Prensa- porque estaba huyendo de la revolución sandinista que triunfó en Nicaragua en 1979. Todo lo contrario. Vivía ahí porque opté por ser libre de mis ataduras familiares en Nicaragua, las mismas que, en mi opinión, terminaron matando a mi hermano.

 

Porque, como mi hermano –aunque nunca con su entrega-, yo simpatizaba con los sandinistas de entonces. ¿Quién no? Quizás solo los que se refugiaron en Estados Unidos, incluyendo los familiares cercanos de Somoza Debayle, entre quienes estaba mi propio padre. 

  

Ante la noticia del asesinato de mi hermano, el 5 de Octubre de 1979, viajé a Nicaragua desde Nueva York donde vivía. Lo encontraron muerto, me dijeron –ajusticiado, en un predio en Managua- menos de tres meses después del triunfo de la Revolución Sandinista en la que él creyó y la que apoyó aunque se mantuvo leal a mi padre.

 

Hasta el día de hoy, casi 40 años después, no está claro quién lo asesinó. El dolor que produce no saber quien lo mató lo he superado, hasta cierto punto. Pero mis padres murieron sin saber a ciencia cierta quien fue la mano que le quitó la vida y porqué lo hizo. Claro, ambos tenían  teorías.

 

Mi madre, quien falleció en 2006, nunca se recuperó de esa tragedia. No tengo claro quien fue el responsable para ella, sospecho que culpaba a los “sandinistas”. Lo que sí recuerdo es que cuando llegó a Managua para el funeral, un par de policías jóvenes le demostraron como habían matado a su hijo y ella, no aguantó mas. Y nos tuvimos de que ir de Managua. Todo fue demasiado para ella. Ya había escuchado a Tomas Borge en el entierro de su hijo vociferar: “Marcel fue como una flor limpia en el zacate sucio”.

 

Mi padre, separado de mi madre cuando mataron a Marcel, tampoco superó esa pérdida. Para él, Marcel era un genio, el perfecto, al que debió darle mas atención. Solo le faltó creerlo santo pero no estuvo lejos. Y para él, los sandinistas fueron los responsables de su asesinato, igual que para mi hermano Noel. Solo mi hermana Desirée y yo desconfiamos de las versiones que siempre han circulado.

 

Es decir, no hubo juez ni jurado ni fiscalía encargada de investigar y encontrar al culpable. En la Nicaragua sandinista de entonces luego de su triunfo, la verdad oficial era una. La que circulaba el gobierno. Y era la versión que nosotros los periodistas, citábamos en nuestros despachos.

 

Hoy, el responsable del asesinato de mi hermano sigue siento un misterio. ¿El Chino Negro (versión sandinista)? ¿Un comandante sandinista porque se enteró que Marcel sabía que los sandinistas –no Somoza Debayle- mataron a Pedro Joaquín Chamorro? Nunca lo sabremos a ciencia cierta en mi opinión.

 

Y ese misterio me recuerda a los asesinatos del 2017. Aunque por supuesto, en el caso de los asesinados entonces (las cifras varían), hay evidencia de la CIDH y del GIEI de que la mayoría fueron víctimas de la violencia estatal, policial y/o para militares. El gobierno nicaragüense tiene otros datos que hacen colisión con esos, lo que no sorprende.

 

En el caso del asesinato de mi hermano, la única versión difundida de manera amplia fue la oficinal ---es decir, la del gobierno sandinista.

 

Pero la otra versión –que lo mataron porque había obtenido información de los asesinos de Pedro Joaquín Chamorro, en la que ellos aseguraban que detrás del asesinato estuvo la mano sandinista- es la que los que desconfían de los sandinistas sostienen. Era la versión que defendió mi padre hasta su muerte.

 

Pienso que los nicaraguenses deben de exigir –instaurar, promover, crear- un poder judicial, un sistema legal independiente, soberano, no partidista que NO permita mas impunidad.  Una comisión de la verdad urge. Que no haya más asesinatos que queden en el misterio. Que eso sea cosa del pasado. Y esa es una asignatura pendiente para cerrar heridas aún abiertas.

 

 incluyendo los familiares cercanos de Somoza Debayle, entre quienes estaba mi propio padre. 

  

Ante la noticia del asesinato de mi hermano, el 5 de Octubre de 1979, viajé a Nicaragua desde Nueva York donde vivía. Lo encontraron muerto, me dijeron –ajusticiado, en un predio en Managua- menos de tres meses después del triunfo de la Revolución Sandinista en la que él creyó y la que apoyó aunque se mantuvo leal a mi padre.

 

Hasta el día de hoy, casi 40 años después, no está claro quién lo asesinó. El dolor que produce no saber quien lo mató lo he superado, hasta cierto punto. Pero mis padres murieron sin saber a ciencia cierta quien fue la mano que le quitó la vida y porqué lo hizo. Claro, ambos tenían  teorías.

 

Mi madre, quien falleció en 2006, nunca se recuperó de esa tragedia. No tengo claro quien fue el responsable para ella, sospecho que culpaba a los “sandinistas”. Lo que sí recuerdo es que cuando llegó a Managua para el funeral, un par de policías jóvenes le demostraron como habían matado a su hijo y ella, no aguantó mas. Y nos tuvimos de que ir de Managua. Todo fue demasiado para ella. Ya había escuchado a Tomas Borge en el entierro de su hijo vociferar: “Marcel fue como una flor limpia en el zacate sucio”.

 

Mi padre, separado de mi madre cuando mataron a Marcel, tampoco superó esa pérdida. Para él, Marcel era un genio, el perfecto, al que debió darle mas atención. Solo le faltó creerlo santo pero no estuvo lejos. Y para él, los sandinistas fueron los responsables de su asesinato, igual que para mi hermano Noel. Solo mi hermana Desirée y yo desconfiamos de las versiones que siempre han circulado.

 

Es decir, no hubo juez ni jurado ni fiscalía encargada de investigar y encontrar al culpable. En la Nicaragua sandinista de entonces luego de su triunfo, la verdad oficial era una. La que circulaba el gobierno. Y era la versión que nosotros los periodistas, citábamos en nuestros despachos.

 

Hoy, el responsable del asesinato de mi hermano sigue siento un misterio. ¿El Chino Negro (versión sandinista)? ¿Un comandante sandinista porque se enteró que Marcel sabía que los sandinistas –no Somoza Debayle- mataron a Pedro Joaquín Chamorro? Nunca lo sabremos a ciencia cierta en mi opinión.

 

Y ese misterio me recuerda a los asesinatos del 2017. Aunque por supuesto, en el caso de los asesinados entonces (las cifras varían), hay evidencia de la CIDH y del GIEI de que la mayoría fueron víctimas de la violencia estatal, policial y/o para militares. El gobierno nicaragüense tiene otros datos que hacen colisión con esos, lo que no sorprende.

 

En el caso del asesinato de mi hermano, la única versión difundida de manera amplia fue la oficinal ---es decir, la del gobierno sandinista.

 

Pero la otra versión –que lo mataron porque había obtenido información de los asesinos de Pedro Joaquín Chamorro, en la que ellos aseguraban que detrás del asesinato estuvo la mano sandinista- es la que los que desconfían de los sandinistas sostienen. Era la versión que defendió mi padre hasta su muerte.

 

Pienso que los nicaraguenses deben de exigir –instaurar, promover, crear- un poder judicial, un sistema legal independiente, soberano, no partidista que NO permita mas impunidad.  Una comisión de la verdad urge. Que no haya más asesinatos que queden en el misterio. Que eso sea cosa del pasado. Y esa es una asignatura pendiente para cerrar heridas aún abiertas.

 

 

 

 

 

Perú: Manifestaciones, represión… y una presidenta acusada de genocidio


Perú arrancó el año con 47 muertos por la represión gubernamental a los movimientos de protesta en el estado de Puno, lo que generó una investigación de la fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, acusada de genocidio.REVISTA PROCESO
domingo, 22 de enero de 2023

Perú arrancó el año con 47 muertos por la represión gubernamental a los movimientos de protesta en el estado de Puno, lo que generó una investigación de la fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, acusada de genocidio. La situación en Perú, desde la destitución del exmandatario Pedro Castillo, es de caos por las revueltas populares donde algunos sectores piden elecciones presidenciales ya y la mediación de las iglesias católica y evangélica o de una autoridad extranjera para hallar una solución pacífica.

LIMA (Proceso).– Yamileth Nataly, adolescente voluntaria rescatista de animales; Marco Antonio Samillan Sanga, joven estudiante de medicina que ayudaba a heridos; y José Luis Soncco Quispe, policía de 29 años, son tres de los 46 fallecidos en violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en el estado sureño de Puno, cerca de la frontera con Bolivia, y uno en Cusco. Perú así recibe el 2023.

Tras las muertes, la fiscalía peruana inició una investigación preliminar contra la recién juramentada presidenta de transición, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, mientras el país andino parece hundido en una espiral de revueltas –sin interlocutores visibles del lado de las protestas– en un ambiente de desconfianza generalizada.

Todos, hasta el más ecuánime de los protagonistas de peso, parecen a veces perder la paciencia en esta crisis a la que nadie le ve un final fácil, mucho menos cercano. Nadie cree en la palabra de nadie. Hay quienes hablan de mediación de las iglesias católica y evangélica, un enviado papal, una autoridad extranjera, del ahora gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, pero sobre todo está el reclamo de nuevas elecciones.

Los representantes del fujimorismo en el Congreso y los militares apoyan la gestión de Boluarte, mientras el gobierno de Puno la declara persona non grata y los opositores en Lima –en general vinculados a la izquierda– aseguran que su gobierno transitorio se ha convertido en “rehén de la derecha más cavernaria” y proponen terminar “la estrategia represiva” oficial que sólo ha logrado “atizar las protestas y aumentar las víctimas mortales”.

En respuesta a los informes de que más de 70 comunicadores han sido hostigados y atacados en medio de protestas antigubernamentales, el Comité para la Protección de los Periodistas se dijo “alarmado” y solicitó a las autoridades investigar los ataques a la prensa y “asegurarse de que los reporteros estén protegidos y puedan cubrir de manera segura temas de interés público”.

“Hay que declarar estado de sitio y restituir el orden democrático” por la vía militar en Puno, declarado en toque de queda tres días desde el pasado martes 10, para que la gente pueda regresar a trabajar, dice a Proceso el congresista José Cueto, del conservador partido Renovación Popular.

“No hay con quién dialogar”, insiste el legislador, quien asegura que las protestas son azuzadas por “actores nacionales e internacionales” sin rostro que buscan “dividir” al país andino, de por sí ya fracturado desde hace décadas.

“Entiendo que mi propuesta no le va a gustar a la izquierda”, en especial a quienes proponen la restitución del destituido presidente Pedro Castillo y buscan instalar la llamada “patria socialista planteada por el ideario de Perú Libre y el extremismo marxista”, agrega el exalmirante, ahora miembro de la Comisión de Defensa e Inteligencia del Congreso.

Muchos, como el analista político Manuel Gago, van incluso un poco más allá, acusando a la exvicepresidenta de Castillo, ahora al frente del Poder Ejecutivo, de ser por lo menos débil, si no es que cómplice.

“Boluarte sabía lo que vendría. También los exministros de Castillo y asesores. Tendrían que ser bastante lerdos para no entender hacia dónde iba el gobierno anterior. La asamblea constituyente siempre estuvo y estará en la agenda marxista. Se sabía que Castillo no dejaría el poder dócilmente.”

Acusaciones cruzadas

Mientras del otro lado del espectro político la mayoría asegura que el gobierno de Boluarte se sostiene por el apoyo que tiene de la derecha, del Congreso y de los militares, Gago –y otros como él– lo ven al revés.

La presidenta “no decide enfrentar con la ley y la Constitución el levantamiento, saqueo y vandalismo que ocurren en el sur. Por eso el marxismo extremista está en sus garbanzales y hace lo anunciado años atrás. La nula previsión –con tanto desgobierno, infiltración y servicios de inteligencia (al servicio del Estado y no de los gobiernos) desmantelados– abona a las tentativas comunistas”, escribe Gago.

Así de complicado, para decirlo de manera suave, está el país andino en esta crisis que para muchos tiene raíces milenarias que volvieron a salir a la luz tras el fallido golpe de Estado de Castillo, un sindicalista de Cajamarca cuya inepta gestión como mandatario sólo parece haber logrado exacerbar el racismo arraigado en el país andino.

No sorprende entonces que las posiciones de los que opinan como Cueto y Gago sean rechazadas de manera enfática por sectores vinculados con la izquierda, quienes coinciden en que “las fuerzas del orden están actuando de manera desproporcionada y desmedida”, y que los choques violentos en Puno evidencian “un desprecio que oculta el odio y el racismo (…) porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena”, en palabras de la consultora Viola Traeder.

Para estos últimos, la crisis de legitimidad del actual gobierno “cívico-militar” no es un tema de derecha o de izquierda. Se trata de un “reclamo de quienes cuestionan cómo se maneja el poder en Perú y piden nuevas elecciones; ¡no hay nada más democrático que una elección!”, exclama en declaraciones a Proceso Javier Torres, director de Noticias Ser, un portal que difunde información regional.

La idea es “acelerar el proceso de transición (que ya es un hecho) y modificar la posición del Congreso” que pide la intervención del ejército, agrega el también antropólogo, quien considera el adelanto de elecciones como una condición sine qua non para iniciar un diálogo nacional.

“No es cierto que la gente esté pidiendo la separación del sur para convertirse en un Estado independiente ni en la instalación del marxismo del siglo XXI. Si ves los carteles, nadie está pensando en eso. Como no hay figura visible en las protestas, (la derecha) construye a un monstruo (como Evo Morales, a quien acusan de instigar la violencia).”

Torres se refiere a los supuestos “intentos separatistas” en las regiones del sur, como Ayacucho, Puno, Cusco y Arequipa, que otros politólogos, como Gago, aseguran son “parte de los vendavales anunciados por el chavismo” e instigados por el expresidente boliviano y ahora líder indigenista Morales.

Muchos consideran la posición de Torres un “pedido maximalista inviable”, mientras unos coinciden con Cueto que la crisis carece de caras visibles con quienes dialogar y otros piden el cese de la represión contra civiles indefensos.

El pasado miércoles 11 la movilización por las calles principales de Ayacucho y de Puno continuaban, sumándose a la exigencia de renuncia al gobierno de Boluarte. En Ayacucho se realizó una vigilia por los fallecidos.

Reclamos al gobierno

“La responsabilidad del gobierno es mantener el orden público respetando los derechos y cuidando la vida. Nada justifica la represión indiscriminada. Los daños materiales se pueden recuperar, pero no las vidas humanas. Las autoridades gubernamentales deben asumir su responsabilidad política por las decenas de fallecidos que han dejado las protestas recientes”, escribió por su parte el expresidente Francisco Sagasti.

“El gobierno de transición tiene que parar las matanzas y mantenerse firme para contener las protestas, lo que pasa por afinar su estrategia represiva que sólo ha logrado atizar la ola de violencia”, afirma a Proceso Juan Carlos Tafur, periodista y psicólogo quien en 2010 acuñó el término “derecha bruta y achorada”.

“Es que hay una rabia acumulada respecto de Lima y (del poder de) ‘los blancos’. Esto no se va a resolver pronto. Se requiere una mayor inyección del presupuesto en el sur a largo plazo”, agrega el también analista político, quien acepta que parte de la responsabilidad de la crisis actual está también del lado de los manifestantes.

“Debemos entender que estamos en una rebelión, una insurrección de un grupo de peruanos que se sienten abandonados por (el poder de) Lima y sus políticos; que son desconfiados de todos, que se sienten marginados y con demasiadas promesas incumplidas”, en palabras del diplomático en retiro Guillermo Russo Checa.

“Un muerto más, una vida segada y una familia enlutada por un conflicto social que no tiene más salida que la renuncia” del gobierno de Boluarte, escribió el analista político Ed Villantoy en su cuenta de Twitter.

Y el diálogo nacional es difícil pero indispensable, en opinión de la mayoría.

“Hay que insistir en activar los mecanismos de diálogo con los que protestan. Hay movimientos sociales organizados, federaciones regionales en la macro región del sur, que si bien no representan (a los que protestan) sí tienen vínculos con ellos”, asegura Tafur a Proceso. “La presidenta debe iniciar (el diálogo) pero no puede ser el mediador final.”

Antes de buscar a los protagonistas de una posible reconciliación nacional “debe encontrarse el espacio político donde podría ser posible dialogar entre delegados del gobierno y de los frentes regionales”, afirma a este semanario por su parte Hugo Otero Lanzarotti. “¿Son interlocutores válidos para dialogar el primer ministro o la presidenta con más de 40 muertos encima?”, se pregunta de manera retórica el exasesor del presidente Alan García.

El pasado martes 10 el gabinete presidido por Otárola obtuvo la confianza en el Congreso: 43 congresistas votaron en contra. Poco después, el premier anunció un toque de queda de tres días en el departamento de Puno, donde hasta el pasado 13 de enero habían fallecido 18 personas a causa de los enfrentamientos entre militares y civiles.

Fuentes consultadas por Proceso aseguran que el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, recién elegido presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores, podría ser un protagonista nacional idóneo como mediador del diálogo. “Son las regiones las que van a determinar el futuro del país después de todo, y Sánchez es una autoridad regional”, asegura a Proceso el exembajador Russo Checa.

Otros, como Otero, opinan que las iglesias católica y evangélica peruanas podrían jugar un papel importante “para tender puentes” entre las partes en conflicto. “Hasta el momento no se han pronunciado como instituciones”, recuerda.

O quizás, opina, “una autoridad extranjera” podría ser quien inicie un diálogo nacional, porque “entre los peruanos existe mucha desconfianza”. En su opinión, tampoco es posible que intervenga la ONU y menos la OEA. “Podríamos pensar en un delegado papal si las iglesias lo proponen y si lo aceptan el Estado y sus instituciones, así como la sociedad civil en rebeldía”, agrega.

“Como el problema es complejo, necesita una salida compleja”, afirma a Proceso el congresista independiente Edward Málaga-Trillo, quien elaboró la moción de vacancia (una forma de impeachment o destitución) de Castillo y se ha puesto al frente de una serie de reformas constitucionales que, en su opinión, atacarían el conflicto de fondo y cambiarían el tablero político-electoral.

El gran error del sistema electoral peruano es que alguien con tan bajo porcentaje de votos pueda convertirse en presidente, como fue el caso de la segunda vuelta en junio de 2021, cuando Castillo, de Perú Libre, superó a Fujimori, de Fuerza Popular, por apenas 44 mil 58 votos, alega el también científico, quien exhortó al gobierno de Boluarte a concertar mesas de diálogo para que vuelva la paz social.

“He propuesto que la segunda vuelta sea de tres candidatos, no de dos”, por ejemplo, explica a este semanario, una de varias propuestas que el también biólogo elabora ante el Congreso, entidad que en su opinión es la indicada para resolver los obstáculos de fondo en esta crisis.

“Estamos ante una asonada violenta. Debemos generar una capacidad de comunicación que le haga contrapeso a la propaganda negativa que se distribuye en el sur. Mucha de la indignación de la gente nace de falsas premisas. (Boluarte) debe ir a las regiones ella misma y poner orden”, dice con la voz calma y fría de un científico, no la de un político.

“Claro que el diálogo es muy necesario, en el Acuerdo Nacional, con las iglesias, pero muy difícil en estas condiciones”, añade el ahora legislador sin partido quien confiesa haber votado por Castillo, rechaza la injerencia “retórica” del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y hace unos días otorgó la confianza al gabinete de Boluarte.

“Nadie cree en la palabra de nadie”, sentenció el pasado lunes 9 el también ponderado psicoanalista Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, al verse rebasado por las noticias sobre el número creciente de muertos en Puno. “Si al final de la palabra no sobrevive la palabra, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos”, dijo Hernández parafraseando a César Vallejo a todas luces frustrado en ese momento ante la gravedad de la crisis.

Urge un diálogo nacional, pero desde el enfrentamiento con un discurso polarizado en lo que parece ser un escenario de ajedrez, es todo menos simple. “Debería nacer un Emiliano Zapata en Perú. Nos hemos demorado ya casi 100 años”, decretó Russo Checa.